APUNTES PARA EL FUTURO
Por: Essaú LOPVI
Hay decisiones políticas que desnudan totalmente las intenciones de quien las promueve. Y la pena de muerte contra palestinos promovida y aprobada por el estado sionista de Israel son un claro ejemplo de ello.
El Parlamento de Israel, la Knéset, aprobó a finales de marzo de 2026 la ley que decreta pena de muerte para palestinos que sean acusados de ‘asesinato terrorista’ en Cisjordania. Pero cualquier persona con dos dedos de frente, sabe que esto es permiso legal para exterminar, y que cualquier ciudadano palestino detenido será acusado de terrorista.
Esta es una decisión respaldada por el primer ministro Benjamin Netanyahu, que, más allá del discurso de seguridad, declara abierta y legalmente la intensión de exterminar al pueblo palestino al cual no solo le han robado la tierra sino la libertad y la vida.
No es la pena de muerte, por sí sola, lo que sacude. Es a quién se le aplica. Porque la ley no es abstracta. No es neutral. Tiene destinatario. Palestinos.
No ciudadanos israelíes. No cualquier persona que cometa un delito grave. Palestinos, juzgados en tribunales militares, bajo una lógica distinta, en un territorio ocupado, con reglas que no son las mismas para todos.
Ahí es donde la ley deja de ser instrumento de justicia para convertirse en herramienta de diferenciación. Y la diferenciación, en contextos de poder asimétrico, suele tener nombre: discriminación. O algo más grave en este caso, exterminio.
Diversos países —Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Catar, Jordania, Indonesia, Pakistán, Egipto— han condenado la medida. También lo ha hecho la Organización de las Naciones Unidas, que advierte violaciones al derecho a la vida y al debido proceso. La Amnistía Internacional habla de una norma incompatible con los estándares mínimos de justicia. La Unión Europea expresa su preocupación.
Pero más allá de las condenas diplomáticas, lo que queda es el fondo. Una ley que, en los hechos, establece que hay vidas que valen distinto dependiendo de quién eres y dónde naciste.
Los defensores de la norma apelan a la disuasión. A la seguridad. A la necesidad de frenar ataques. Argumentos que, en cualquier Estado, pueden sonar razonables en abstracto. El problema es que aquí no se aplican en igualdad de condiciones.
Porque no es lo mismo juzgar en tribunales civiles con garantías plenas que en tribunales militares bajo ocupación. No es lo mismo ser ciudadano que ser sujeto administrado por un sistema que no te reconoce como igual.
Y en esa diferencia se construye todo. Lo que estamos viendo no es solo una reforma penal. Es la institucionalización de una lógica: la del castigo diferenciado.
Una línea invisible —pero cada vez más clara— que separa quién merece derechos y quién puede ser reducido a una categoría inferior bajo el argumento de seguridad.
La historia ya ha transitado ese camino. Y nunca termina bien. Hablar de esto incomoda. Porque obliga a salir de trincheras simplistas. Porque en la ocupación de Israel en Palestina hay décadas de violencia, ataques, víctimas. Pero precisamente por eso, las leyes importan. Porque son las que deberían elevar el estándar, no rebajarlo.
Cuando un Estado —cualquiera— decide que la justicia puede aplicarse de manera distinta según la identidad de la persona, cruza una línea peligrosa. Cuando además esa diferencia puede derivar en la muerte, ya no estamos frente a un debate técnico. Estamos frente a una decisión civilizadora.
Y hay algo más preocupante. Las leyes no solo castigan. También envían mensajes. Este mensaje es claro: hay una población para la cual el margen de defensa es nulo, el juicio es distinto y la consecuencia puede ser irreversible.
Una sentencia de muerte no empieza con el juicio. Empieza cuando se normaliza la idea de que algunos pueden ser juzgados como mero tramite de muerte. En ese momento, la justicia deja de ser justicia y se convierte en poder de exterminio.
