“Con el fin de frenar la actividad criminal de la delincuencia organizada, es necesario refrendar el compromiso social en los tres órdenes de gobierno, para hacer un frente común contra éste cáncer social que se ha convertido en verdaderas instituciones de recursos ilimitados, que se rigen bajo estructuras complejas cada vez más sofisticadas”.
En esos términos se manifestó el diputado Salvador Fuentes Pedroza, luego de que el Congreso del Estado aumentó las penas para el delito de asociación delictuosa en su modalidad de delincuencia organizada.
Lo anterior para aplicar sanciones más enérgicas a los servidores públicos de las áreas de prevención, persecución o sanción del delito y administración de justicia que se inmiscuyan con grupos delictivos.
Aprobada en votación unánime, la reforma al artículo 138 del Código Penal del Estado establece que si quien comete la asociación delictuosa incluida su modalidad de delincuencia organizada fue o es servidor público de las áreas de prevención, persecución o sanción del delito, administración de justicia o reinserción social, se le aumentará en una mitad la pena de prisión establecida para este delito.
La reforma al Código Penal, que tuvo como iniciador al diputado Salvador Fuentes Pedroza, además de incrementar la pena de prisión, contempla la inhabilitación definitiva para ejercer derechos o funciones públicas a los funcionarios que cometan esa delito.
Con la reforma aprobada, las sanciones a los servidores públicos de las áreas de seguridad que cometan el delito de asociación delictuosa en su carácter de delincuencia organizada, serán de 7 y medio a 22 y medio años de prisión, en lugar de los cinco a quince años de prisión previstos antes de la modificación legal.
Cuando presentó la iniciativa de reforma, Fuentes Pedroza consideró imperioso observar la efectividad de aquellos tipos penales que tutelan la conservación de las instituciones, esto en razón del azote de violencia generalizada que ha sufrido el estado mexicano en la mayor parte del territorio nacional, al cual Colima no ha escapado al terror que infunden en la sociedad los actos de la delincuencia organizada en el seno de las instituciones estatales, en especial aquellas de procuración de justicia e imposición de las penas.
En ese sentido, señaló que en los últimos meses acontecieron hechos cada vez más preocupantes, mismos que reflejan la vulnerabilidad y decadencia del sistema punitivo nacional y local.
Dijo que la reforma por él propuesta, busca coartar las relaciones y vínculos que existen entre las autoridades con los sujetos criminales; es por ello que la información que surge de la actividad indagatoria e impartición de justicia es de carácter reservada y de seguridad nacional, por lo que su tipificación en el Código Penal Local ha sido un gran acierto que permitirá coartar la red de informantes de los llamados “halcones”.
PATY LUGO SATISFECHA POR INICIATIVA APROBADA
DE CASTIGAR LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO
Las reformas aprobadas en el Congreso del Estado son necesarias para solucionar el tema de la violencia entre parejas, ya que esta empieza en el noviazgo y casi siempre se trasforma en violencia intrafamiliar.
Así se manifestó la diputada Patricia Lugo, quien añadió que esta iniciativa del PAN refrenda el compromiso de los blanquiazules por los valores familiares y en defensa de los derechos principalmente de las mujeres, ya que permitirán cambios al Código Penal del Estado de Colima para establecer sanciones más severas en el delito de violencia en el noviazgo.
“Es muy importante, del punto de vista simbólico, que esta iniciativa haya sido aprobada un día después del día de las madres, porque se trata de algo muy concreto en beneficio de las mujeres colimenses”, concluyó la coordinadora de los diputados del PAN.
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