Colima.- El gobernador del estado de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, acudió a comparecer ante la 59 Legislatura del Congreso del Estado, en donde mostró los recibos de pago que generó su administración por el concepto de donaciones para adquirir la Antigua Zona Militar.
El mandatario estatal reiteró, como lo hizo ayer en una rueda de prensa, que no existe ninguna operación fuera de la ley en este proceso.
“Con estos documentos probatorios se pone fin a las especulaciones (…) está decisión no fue una ocurrencia personal, sino el resultado de un antiguo anhelo por aprovechar de mejor forma el área, promoviendo la reubicación de los militares en un lugar más adecuado para el cumplimiento de sus funciones”.
José Ignacio Peralta expuso que el Gobierno del Estado de Colima y la Sedena celebraron un Acuerdo de Coordinación, en donde la Sedena realizó los trámites para poner a disposición del Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (INDAABIN), el predio que ocupaba el Campo Militar número 20-A, para que se desincorporara a favor del Gobierno del Estado
Lo anterior una vez que la Sedena hubiera concluido con la construcción y equipamiento de sus nuevas instalaciones y con los recursos económicos que le proporcionaría el propio gobierno estatal.
Por su parte, el Gobierno del Estado concluiría el trámite de donación a favor del Gobierno Federal, con destino a la Sedena, del predio que ocuparían las nuevas instalaciones, además de entregarle 493 millones 500 mil pesos para la construcción y equipamiento de instalaciones militares, en el predio en el que se reubicarían los elementos militares.
Peralta Sánchez detalló que como parte del Acuerdo, la Sedena pidió al INDAABIN retirar el predio del servicio de uso militar, que se ubica en Calzada Galván, desincorporarlo del Patrimonio Inmobiliario Federal y entregarlo a título gratuito al Estado.
Posteriormente, el Gobierno Estatal y la Sedena realizaron dos acuerdos modificatorios, que incrementaron la donación de recursos a la dependencia federal por un monto total de 497 millones 978 mil 264 pesos, que se entregaron en ocho transferencias bancarias.
Señaló que en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 26 de noviembre de 2018, se publicó el Acuerdo Administrativo de desincorporación del régimen de dominio público de la Federación y autorización de la donación a favor del Gobierno del Estado de Colima, por conducto del Órgano de Gestión y Control del Patrimonio Inmobiliario del Estado de Colima, respecto del predio en el que se ubicaba la Zona Militar.
Con fecha 30 de enero de 2019, se formalizó el contrato de donación ad corpus, en cumplimiento al Acuerdo Administrativo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de noviembre de 2018, que otorgan por una parte el Gobierno Federal, en su calidad de donante y por la otra parte, el Gobierno del Estado de Colima, por conducto del Órgano de Gestión y Control del Patrimonio Inmobiliario del Estado de Colima, en su calidad de donatario, respecto del inmueble ubicado en la Calzada Pedro A. Galván.
El Gobernador recordó que en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, edición número 70, suplemento Núm. 1, de fecha 28 de septiembre de 2018, se publicó el Decreto No. 617, por el que se autoriza al Gobierno del Estado de Colima, por conducto del Poder Ejecutivo, contratar uno o varios financiamientos destinados a inversión pública productiva por un monto de hasta 410 millones de pesos para destinarse a seguridad pública, adquisición de tierras, terrenos o predios urbanos y salud.
Además, se estableció que el o los financiamientos que contrate el Gobierno del Estado de Colima, a través del Poder Ejecutivo, con base a la autorización, serán destinados a inversiones públicas productivas, entre ellas: la adquisición por parte del Estado de Colima, de tierras, terrenos y/o predios urbanos, para atender las necesidades de infraestructura social y urbana en la Ciudad de Colima, por un monto de hasta 200 millones de pesos.
En seguridad pública, en la construcción del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C5), en la ciudad de Colima, se destinan 150 millones de pesos.
Y para Salud, se tiene contemplado 60 millones de pesos en la construcción y equipamiento de dos unidades de cuidados intensivos neonatales, en los municipios de Manzanillo y Colima.
Durante la comparecencia, el titular del Ejecutivo afirmó que las operaciones establecidas en la adquisición de los terrenos de la antigua zona militar fueron totalmente legales y revisadas por las instituciones participantes.
La solicitud de autorización del crédito al Congreso del Estado se realizó cuando existe una certeza de la operación y únicamente 200 millones porque el resto de los recursos fue posible cubrirlos sin necesidad de un crédito.
“El crédito se destina para los fines que fue contraído. Ahí está ya el predio y una comisión autónoma está trabajando para decidir su destino, conforme al interés superior de la sociedad colimense”, sostuvo.
De conformidad a la legislación aplicable, con fecha 11 de octubre de 2018, la Secretaría de Planeación y Finanzas (Seplafin) publicó la convocatoria a través de invitación por escrito a siete instituciones financieras para presentar ofertas de financiamiento hasta por 410 millones de pesos.
Así, el 27 de noviembre de 2018, se celebró el Contrato de Apertura de Crédito Simple entre el Gobierno del Estado y Banobras.
Por otro lado, tras algunos cuestionamientos de algunos diputados, el mandatario estatal dio a conocer que el gobierno de Oaxaca les ha solicitado asesoría para llevar a cabo una operación similar a esta.
Asimismo respondió que el uso final de lo que será este predio no está en sus manos sino en las de la Comisión Ciudadana que fue creada para tal fin, sin embargo dijo que de lo que sí está seguro es que si no hubiera decidido hacerse de ese predio quizá ahora se estarían construyendo casas.
En otro orden de ideas dio a conocer que la Sedena, al día de hoy, les respondió un oficio en el que les permitirán dar a conocer toda la información del expediente que estaba como reservado.
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