Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) identificó operaciones de una presunta red criminal dedicada al contrabando de hidrocarburos, conocido como “huachicol fiscal”, en Colima, Tamaulipas, Baja California, Sonora y Ciudad de México.
En un mensaje difundido este lunes, la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, informó avances de una investigación que derivó en el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel contenidos en un buque localizado en el puerto de Altamira, Tamaulipas.
De acuerdo con la Fiscalía, ese aseguramiento permitió ampliar las investigaciones y detectar una estructura presuntamente dedicada a introducir hidrocarburos de manera ilegal al país para posteriormente distribuirlos en territorio nacional.
La FGR identificó como principales integrantes de la organización a Manuel Roberto “N” y Fernando “N”, a quienes se refiere como “Los Primos”, además de otros presuntos cómplices. Ellos son ex marinos y sobrinos del ex secretario de Marina en el sexenio de López Obrador.
Según la investigación, la estructura habría utilizado mecanismos de corrupción dentro de las aduanas marítimas y otras instituciones para facilitar el ingreso de los hidrocarburos.
La Fiscalía sostiene que los buques zarpaban principalmente desde Texas, cargados con hidrocarburos que eran declarados ante las autoridades como aceite o aditivo, con el propósito de modificar su tratamiento fiscal y evadir las obligaciones correspondientes.
Una vez que las embarcaciones llegaban a territorio mexicano, servidores públicos y agentes aduanales presuntamente recibían pagos para permitir el ingreso de los cargamentos.
La FGR señaló que las inspecciones aduaneras habrían sido simuladas mediante muestreos superficiales, manipulación de volúmenes y otras maniobras destinadas a permitir la liberación del hidrocarburo sin una revisión adecuada.
Incluso, de acuerdo con la investigación, la red establecía calendarios de arribo para desactivar cámaras de vigilancia y evitar que quedara registro de las descargas.
Una vez introducido al país, el combustible era distribuido mediante tres empresas legalmente constituidas, mientras que una red de empresas fachada y triangulaciones financieras presuntamente se encargaba de dar apariencia legal a los recursos obtenidos mediante la venta del hidrocarburo.
La Fiscalía resumió el mecanismo investigado como una cadena que involucraba buques, registros presuntamente manipulados, personal aduanal coludido, revisiones simuladas y operaciones de lavado de dinero.
Como parte de las investigaciones, la FGR informó que dio seguimiento a accionistas, apoderados legales y personas que habrían participado en las distintas etapas de la operación.
Colima, entre los estados bajo investigación
Aunque la Fiscalía no detalló en su comunicado cuáles fueron las operaciones específicas detectadas en Colima, sí incluyó al estado entre las entidades donde fueron identificadas actividades relacionadas con esta presunta red criminal.
El señalamiento coloca a Colima dentro de la investigación federal debido a la relevancia de su infraestructura portuaria y su actividad en el movimiento de hidrocarburos y mercancías.
Hasta el momento, la FGR no informó sobre personas detenidas específicamente en Colima ni precisó empresas, instalaciones o volúmenes de combustible relacionados con las operaciones investigadas en el estado.
La Fiscalía indicó que los datos de prueba contra Manuel Roberto “N”, Fernando “N” y sus presuntos cómplices se encuentran bajo valoración del Poder Judicial.
Investigación alcanza a personal de aduanas y Marina
La investigación también apunta a una presunta red de influencias dentro de instituciones públicas. De acuerdo con la FGR, Manuel Roberto “N” habría intervenido en designaciones, ascensos y movimientos de personal dentro de las aduanas marítimas, la Administración Nacional de Aduanas de México y la Secretaría de Marina.
Durante un cateo realizado en una bodega que presuntamente arrendaba Roberto “N” en la Ciudad de México, las autoridades localizaron objetos de lujo, listas relacionadas con aduanas marítimas, expedientes de personal naval y altos mandos, documentación clasificada como reservada o confidencial, así como armas que, según la Fiscalía, no contaban con el registro correspondiente.
Godoy Ramos señaló que la investigación tuvo su origen en información que en 2024 habría proporcionado el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, al entonces fiscal general Alejandro Gertz Manero, relacionada con posibles actividades ilícitas de integrantes de la institución naval.
La titular de la FGR sostuvo que la investigación continuará y advirtió que quienes hayan utilizado cargos públicos, uniformes o instalaciones aduaneras para favorecer actividades criminales deberán responder ante la justicia.
La Fiscalía General de la República afirmó que continuará con las investigaciones para determinar el alcance de la red y las responsabilidades individuales de quienes presuntamente participaron en el contrabando de hidrocarburos.
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