México.- La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), dependiente de la PGR, informó que han sido consignados ante un juez, un secretario del anterior gobierno del estado en Colima y dos personas vinculadas a Jorge Luis Preciado por falsificación de pruebas.
«Con relación a la elección para gobernador de Colima, esta Fiscalía ejerció la acción penal en contra de un secretario del gobierno estatal de la anterior administración, por ejercer supuesta coacción del voto hacia sus subordinados, en favor de un partido político», señala el comunicado.
Aunque la dependencia no publicó el nombre del secretario de gobierno responsable, se sabe que es Rigoberto Salazar, ex secretario de Desarrollo Social.
Dicha acción constituye un ilícito electoral en términos de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en su artículo 11 fracciones I y II, así lo establece la «Fracción I. Coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición.
En el contexto de la misma elección, sobre la indagatoria relacionada con la alteración del listado nominal en el estado de Colima, previsto en el ordinal 13 Fracción II de la citada Ley, también se ejerció acción penal en contra de abogados de quien fuera candidato a gobernador en los pasados comicios.
Esto directamente relacionado con el PAN en Colima por falsificar la lista nominal para argumentar que votaron personas fallecidas y otras que no vivían en Colima, y además presentar esto como prueba de impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Se sabe que quienes firmaron la denuncia y presentación de pruebas ante el TEPJF fueron Jesús Fuentes líder estatal del PAN y el abogado de Jorge Luis.
Santiago Nieto, titular de la Fepade, ya por separado, en una entrevista televisiva con Carmen Aristegui, en el canal de CNN; señala que se excluyó del delito a Jorge Luis Preciado solo porque, dijo, no firmó esa impugnación.
En términos de lo dispuesto por el artículo 142, párrafo segundo del Código Federal de Procedimientos Penales, el Juez tiene diez días, contados a partir de la radicación del expediente, para ordenar o negar la orden de aprehensión.
«La Procuraduría General de la República será respetuosa de la resolución que en su momento llegue a determinar el órgano», señaló el comunicado enviado por la Fepade la noche de ayer miércoles.
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