El magistrado está acusado de abuso de poder por haberse declarado competente en 2008 para juzgar los crímenes del franquismo ignorando la Ley de Amnistía aprobada en España en 1977 al comienzo de la democracia.
La acusación, que no comparte la fiscalía, es consecuencia de la querella presentada por una asociación ultraderechista.
Los primeros testigos explicaron que acudieron a la Audiencia Nacional —el alto tribunal donde ejercía el magistrado, ahora suspendido de sus funciones— en busca de «justicia», después de múltiples gestiones infructuosas para localizar a sus familiares desaparecidos.
«Se los llevaron de casa, los apalearon, los tuvieron presos. Cuando se llevaron a mi padre yo era muy pequeñina. Se llevaron el pan y la sal de nuestras casas. Mi madre murió enferma tras su desaparición», contó Pino Sosa, representante de una asociación de la Memoria Histórica de la isla de Gran Canaria.
María Martín López, de 81 años, recordó ante el tribunal cómo mataron a su madre el 21 de septiembre de 1936, y confirmó que sabe dónde se encuentra el cadáver, en una fosa con otros cinco cuerpos.
Ante las preguntas del abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, las dos mujeres explicaron que interpusieron una denuncia en 2006 en la Audiencia Nacional después de haber fracasado en todas las gestiones realizadas para localizar a sus familiares en ayuntamientos y juzgados.
Por su parte, el historiador Ángel Rodríguez Gallardo, integrante de otra asociación de Memoria Histórica, denunció un plan sistemático del franquismo para eliminar al gobierno de la Segunda República, que —señaló—, podría llevar a pensar que se produjeron «actos de genocidio».
Aseguró que se llegó a esa conclusión tras analizar los datos de los archivos del Estado a los que no tuvieron acceso hasta el año 2000.
Rodríguez Gallardo dijo también que será «imposible» saber qué pasó con los desaparecidos solo con el trabajo de historiadores y personas dedicadas a la Memoria Histórica sin la intervención judicial.
El juez Garzón negó este martes, al declarar ante el tribunal, que actuase por razones políticas al declararse competente para investigar las desapariciones durante la guerra civil española (1936-1939) y la posterior dictadura del general Francisco Franco.
«Hice realmente lo que creí que tenía que hacer por encima de ideologías. Los jueces no estamos para ideología, cada uno tendrá la suya pero aquí no ha habido ideología, ha habido cientos y cientos de miles de víctimas que no habían sido atendidas en sus derechos y que ejercitaron su acción penal», dijo el magistrado ante el Tribunal Supremo.
Garzón tiene abiertas otras dos causas judiciales, una de ellas por ordenar intervenir las comunicaciones a los acusados en un caso de corrupción y la otra por unos cobros que recibió del Banco Santander durante unos cursos en Nueva York.
Con información de CNN
