Crónica sedentaria
Avelino GÓMEZ
En Colima una epidemia de personas desaparecidas acompaña a la pandemia de coronavirus. Y lamentablemente nadie es inmune a la inseguridad que, colectivamente, padecemos. Incluso el Estado parece ya no garantizar el derecho a vivir seguros.
Es indudable que las complejidades para gobernar deben ser muchas pero es paradójico que, en una entidad tan pequeña, sean grandes los índices de feminicidio, ejecuciones y personas desaparecidas. Algo queda en claro: somos vulnerables ante la incapacidad de los gobernantes.
Mientras nos encerramos y guardamos distancia, alguien ya desapareció o está por desaparecer. De un día para otro, a media tarde, alguien puede desaparecer. La oficinista que salió del trabajo desapareció. El hombre que en la mañana se despidió de su familia para ir al trabajo también desapareció. Los muchachos del otro lado de la calle desaparecieron un día soleado. Un taxista desapareció luego de ofrecer un servicio de traslado. Una legisladora desapareció, y lo supimos dos semanas después. Una niña que vendía pan en una playa desapareció.
Estas y otros muchas desgracias particulares suman una desgracia mayor, colectiva. Y es necesario, por encima de todo, ser solidarios. A la desaparición de una persona le sigue el miedo, la incertidumbre, la desesperación de familiares y amigos. Y también el desconcierto y la impotencia de todos. El espacio vital de esa persona que dejamos de ver de manera violenta sigue ahí. Incluso crece cada día en que no aparece. Y es asunto de todos. Porque con cada persona que desaparece, desaparecen también nuestras propias certezas, nuestras garantías colectivas, nuestra confianza. Es decir, también nosotros vamos desapareciendo.
Es aterrador pensar que la desaparición involuntaria de una persona, cualquiera que sea su situación y circunstancias, sea una anormalidad social establecida. Porque esta epidemia de no saber qué pasó con alguien empezó hace mucho tiempo, y todavía no entendemos cómo evitarla. No se puede consentir que en el aparato de gobierno haya indolencia o incapacidad para dar respuesta a las víctimas de estos hechos.
Mientras que en la pandemia del coronavirus se asegura que avanzaremos a una etapa de “nueva normalidad”, en el tema de la inseguridad seguiremos con esa añeja anormalidad de no haber garantías reales para esclarecer la desaparición de alguien. Y aquí es donde colectivamente tendríamos que ser congruentes: si con la pandemia exigimos que se garantizara la atención médica para todos, el mismo razonamiento debería aplicarse para exigir seguridad y justicia.
