Colima.- Ayer los diputados en el Congreso de Colima hicieron todo lo que pudieron para violar la Constitución y postergar la calificación de las cuentas públicas 2018. Esperaron a que llegara la noche y a las 00:40 horas de este sábado, sin prensa, dieron el madruguete.
Esta madrugada durante la sesión, la diputada local por Manzanillo, Ana María Sánchez Landa, se pronunció en contra del dictamen de aplazamiento de la aprobación de la cuenta pública 2018 pero de poco sirvió.
Esto fue aprobado con 15 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención. El dictamen es el número 93 elaborado por la Comisión de Hacienda, presupuesto y fiscalización donde se emite un decreto de aplazamiento de la dictamen de revisión de la cuenta pública 2018.
Sánchez Landa afirmó que con ello se avalaba un acto inconstitucional pues violaba el artículo 36 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.
“Los legisladores que estamos en este recinto parlamentario protestamos cumplir con nuestra constitución y las normas que de ella emanen; y en ese sentido el orden normativo jerárquico en nuestro estado, coloca en un primer lugar a nuestra Constitución Política del Estado; por lo tanto mi postura es a que se respete el estado de derecho y el orden jurídico que nos rige”, reclamó.
El artículo 36, penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, señala: “El Congreso del Estado concluirá la revisión de las cuentas públicas a más tardar el 30 de noviembre del año de su presentación, debiendo emitir al efecto el decreto correspondiente, con base en el Informe del Resultado de la Cuenta Pública que le remita el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, sin menoscabo de que continúe su curso legal el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas”.
Fuentes consultadas por esta Agencia apuntan a que Rogelio Rueda del PRI, Vladimir Parra de Morena y Francisco Rodríguez del PAN, orquestaron la prorroga de calificación que los obliga la Constitución del Estado.
La intención –señala la fuente- es proteger a legisladores y ayuntamientos de sus partidos que aparecieron con irregularidades y observaciones en las cuentas públicas del 2018.
Aunque la propia Constitución señala que calificar las cuentas no impide que se pueda seguir el curso legal para los entes señalados y estos puedan subsanar las observaciones, los legisladores prefirieron violar la Ley con la intención de negociar y evitar que algunos legisladores aparezcan en el dictamen de observaciones, pero el informe ya no se puede cambiar.
Hoy, el Congreso se justificó de esta manera mediante un comunicado de prensa: “Los integrantes de esta Comisión Legislativa estimaron que los informes de resultados de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 2018 que fueron remitidos al Poder Legislativo por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig), requieren de un
análisis más exhaustivo”.
Sin embargo omitieron decir que el OSAFIG ya sostuvo tres reuniones especiales de trabajo y explicación de los informes con los presidentes de la Comisión de Hacienda, Julio Anguiano Urbina y el presidente de la Comisión de Gobierno Interno Vladimir Parra.
Aunado a estas reuniones de trabajo se extendieron 7 oficios sobre las dudas de los legisladores que ahora arguyen no tener toda la información o no haber comprendido ésta.
Y es que la Ley no obliga al OSAFIG a ayudar a los legisladores para que puedan subsanar las irregularidades señaladas en la auditoría, solo informarlas.
“La Ley es muy clara y determina como fecha fatal el 30 de noviembre para que el Congreso del Estado concluya con la revisión de las cuentas públicas, sin establecer plazos o prórrogas para dejar abierto dicho proceso”, dijo la diputada.
Sánchez Landa reclamó que el dictamen que presentó la Comisión de Hacienda está basado en una Ley secundaria como lo es el articulo 49 último párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima.
“Si bien son leyes complementarias no están por encima de la propia Constitución; por lo que considero jurídicamente improcedente la aprobación de una prorroga después del 30 de noviembre del año en curso”.
Por su parte el diputado del PRI, Rogelio Rueda Sánchez dijo que la aplicación del artículo 49 último párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima es justificada, -pero olvida que es una Ley secundaria que no está por encima de la Constitución del Estado-.
Incluso Rueda Sánchez justifica que es precisamente la negativa de la titular de OSAFIG a entregar información solicitada por diputados de este Congreso, para proveer información para el análisis de los resultados y poder cumplir con su función constitucional.
«A quién más puede corresponder la responsabilidad sino a quien se niega a proveer a este Congreso, la información solicitada por algunos de sus integrantes», justificó
Pero cómo podría argumentarse una negativa del OSAFIG si aceptó realizar 3 reuniones de trabajo especiales y elaborar y enviar 7 oficios que el Órgano de Fiscalización realizó a petición de los propios diputados.
Es decir el Órgano tiene un plazo de entrega y ampliación en su explicación a los diputados, el ente fiscalizador cumplió y los legisladores no.
La fuente -consultada esta madrugada- señala que en algún momento saldrá a la luz, el fondo de esta intención por no calificar las cuentas públicas 2018.
Un abogado constitucionalista consultado por AFmedios y quien pidió guardar su identidad, señaló que esto podría -incluso- ser motivo de un juicio político en contra de los diputados que aprobaron no calificar las cuentas públicas.
Artículo 120 de las Constitución del Estado
Artículo 5, párrafos VIII y IX de la Ley de Juicio Político del Estado
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