Por Héctor Romero Fierro
Ayer, en todas las dependencias del gobierno federal se recibió el oficio 307-A-1205 relacionado al decreto aquel en el que ordeno el presidente, en forma por demás inconstitucional, un recorte al gasto de la gran mayoría de dependencias del 75% de su presupuesto, solo para destinarlo a los proyectos faraónicos (Refinería Dos Bocas, Tren Maya, Central avionera Santa Lucia, etcétera).
Ahí se les comunica a los funcionarios que “pueden donar” un porcentaje de su sueldo al gobierno federal, estableciéndose que el presidente “deberá” donar el 25% de su salario, los secretarios de su gabinete el 23%; subsecretarios u oficial mayor el 21%; jefatura de unidad el 19%; director general el 17%; director general adjunto 14%; director de área el 10% y subdirector de área el 5%.
En el “decreto” por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican” publicado el 23 de abril pasado, se estableció que “de forma voluntaria se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta en un 25% de manera progresiva.
De la misma forma, los altos funcionarios públicos no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año.
El concepto de alto funcionario público aplica de Subdirector hasta Presidente”. Lo de “forma voluntaria” es una burla, porque, en algunas dependencias les aclararon a los funcionarios afectados que en realidad no es voluntario, ya que de no hacer su “donativo” se entenderá que no están alineados a los intereses de la “CuatroTé” y perderán su trabajo por falta de solidaridad con los sueños de Pejeova.
Es claro que sabían que sí les reducen el salario vía nómina procederían los Juicios de Amparo que se interpusieran, pero sí les entregan el dinero del sueldo íntegro y los obligan a depositar en la cuenta de la dependencia es un acto plenamente consentido.
Esto demuestra una vez más que en México no existe seguridad jurídica, situación que está ahuyentando a la inversión principalmente la extranjera, en seis meses han salido del país un neto de 13 mil 568 millones de dólares, lo anterior por las equivocadas decisiones del presidente, iniciando con la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, la cancelación de la planta Constellation en Mexicali, las equivocadas políticas energéticas para bloquear la operación de plantas generadores de energía limpia, el conflicto por los ductos de gas que a toda costa querían cancelar, entre muchas otras que causan una gran percepción de riesgo en los activos mexicanos generando una gran incertidumbre, así lo reconoció inclusive el embajador de los Estados Unidos en nuestro país, al señalar “Tampoco les puedo mentir y tampoco les puedo decir que, bueno, es un momento oportuno para invertir en México si se ven cosas muy desalentadoras para la inversión extranjera”.
“La seguridad jurídica es la garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegarán a producirse, le serán asegurados por la sociedad protección y reparación”, esto obviamente no pasa en México.
