Colima.- Para garantizar el derecho de los pueblos indígenas a acceder a la justicia del Estado, los diputados José Luis López González, Rigoberto Salazar Velasco y Patricia Lugo Barriga, presentaron una iniciativa de reforma a los Códigos Penal y de Procedimientos Penales y a la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado.
Los legisladores integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones del Congreso del Estado, hicieron suya la iniciativa con proyecto de decreto presentada por Roberto Chapula de la Mora, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, la cual busca armonizar la legislación local con la Constitución de la República, que garantiza el derecho de los pueblos indígenas a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado.
La Carta Magna establece que para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente los pueblos indígenas, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, además de que los indígenas tienen el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.
La iniciativa de ley señala que en el contexto del derecho de los pueblos indígenas de acceso pleno a la jurisdicción del Estado, existe un vacío jurídico en los ordenamientos locales, lo que ha provocado que la autoridad ministerial y la jurisdiccional, escasamente consideren esta garantía a las personas indígenas.
Ante ello es que se propone la iniciativa de reforma con proyecto de decreto, para que quede plenamente reconocido y se aterrice esa obligación constitucional en diversas disposiciones del Código de Procedimientos Penales, el Código Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público para el Estado de Colima, con el fin de hacer efectivos los mencionados derechos constitucionales que tienen las personas indígenas en los juicios en que sean parte.
De aprobarse la iniciativa de ley, la práctica jurisdiccional en el Estado de Colima respetará y hará efectiva esa garantía constitucional, en beneficio de los pueblos y comunidades con población indígena, como son las comunidades de Suchitlán, Zacualpan, La Nogalera, y Cofradía de Suchitlán, pertenecientes al municipio de Comala, así como en el municipio de Ixtlahuacán, donde viven los chayacates, además de la población indígena procedente de otros estados de la República.
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