Colima.- Diputados locales de los Partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) desconfían de los asesores jurídicos del Congreso del Estado, debido a que la sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el nombramiento de un magistrado supernumerario del Tribunal Estatal Electoral que había aprobado el Congreso del Estado.
Mariano Trillo Quiroz, diputado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) dijo que de “aquí en adelante los procesos al interior del Congreso tienen que darse de manera muy vigilada, porque ya nos dimos cuenta que confiar en los asesores jurídicos no es bueno, nos han regresado y nos han puesto en evidencia muchas veces a los diputados”.
“En lo personal tendré que consultar a terceras personas en lo jurídico, para vigilar que mi voto no vaya a ser en contra de la ley, es lo que va a suceder”, agregó.
Dijo que los demás compañeros diputados y demás fracciones parlamentarias “no sé como vayan a valorar su votación, pero en lo personal si tendría que tomar una tercera opinión con elementos jurídicos adicionales”.
“Nos hemos dado cuenta que jurídicamente, las propuestas que se han hecho en el Congreso y que nosotros confíamos en que no tenga ningún problema, al menos jurídicamente, al final del camino nos han exhibido en el Congreso”.
Por otra parte, dijo que la elección del magistrado supernumerario del Tribunal Estatal Electoral se podría dar la próxima semana.
“Ya tengo perfiles que seguramente estaremos votando la semana que entra”, agregó.
Por su parte, Marcos Barajas, del PT, dijo que con lupa van a estar revisando este proceso.
“Uno confía en los asesores jurídicos, creo que íbamos bien, se ratifica a unos, vamos a darle seguimiento a este tema”, agregó.
La Sala Superior revocó la designación de Enoc Francisco Morán Torres como magistrado supernumerario del Tribunal Electoral del Estado de Colima, debido a que no cumplió con los requisitos previstos en la Constitución local para ser designado en dicho cargo, por lo que otorgó al Congreso del estado un plazo de 15 días, a partir de la notificación de la presente sentencia, para nombrar al nuevo juzgado.
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