Colima.- El Congreso del Estado aprobó por unanimidad un punto de acuerdo para exhortar que el Congreso de la Unión “abra a la sociedad, incluyendo maestros, padres de familia y especialistas en la materia, foros de análisis y discusión de las leyes reglamentarias en materia educativa, una vez que ha sido aprobada la reforma constitucional en la materia”.
Dicho punto fue presentado por el coordinador de la fracción legislativa del Partido Nueva Alianza (Panal), José de Jesús Villanueva Gutiérrez, quien expresó que la reforma al artículo tercero constitucional ya ha sido aprobada, y será enviado el decreto correspondiente al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Una vez publicada la reforma aprobada entrará en vigor al día siguiente de su publicación, esto es, “comenzará a ser obligatoria en todo el país”.
Villanueva Gutiérrez señaló que “para que la reforma educativa sea una plena realidad en México se requiere que se expidan por el Congreso de la Unión diversas leyes reglamentarias, orgánicas y secundarias, así como reformas a otras ya vigentes, con el propósito de que las disposiciones aprobadas al artículo tercero constitucional en este mes puedan ser regulares a cabalidad”.
Agregó que las disposiciones transitorias del decreto reformatorio “establecen que estas reformas a las leyes vigentes y expediciones de nuevos ordenamientos deben producirse en un lapso no mayor, en términos generales, a los 180 días y seis meses, respectivamente, contados a partir del día siguiente a la entrada en vigor de las enmiendas constitucionales”.
Señaló que “la pregunta que hoy nos hacemos los maestros de México, de frente a la reforma educativa mencionada, no es si la evaluación que establece dicha reforma resulta necesaria, sino quiénes están legitimados para decidir acerca de ella, a partir de qué premisas y qué se busca una vez obtenidos sus resultados”.
Dijo que para la aplicación de las reformas y de la adecuación de las leyes reglamentarias se deben encontrar convergencias, “involucrar a todo el cuerpo social y político; privilegiar las coincidencias por encima de las diferencias, todo ello indispensable para la transformación de la educación, tendría que sustentarse en un despliegue eficiente de la política democrática, ya que es a través de ella como resulta viable moverse de un sitio cómodo a otro ciertamente impredecible”.
Señaló que la democracia es la mejor vía de las que disponen los ciudadanos para atender los problemas de la sociedad, para lo cual las autoridades tendrán que tomar decisiones, muchas veces impopulares y nunca exentas de costos, tanto políticos como sociales.
“La ley es una responsabilidad del Poder Ejecutivo, pero sus hipótesis normativas deben reflejar la realidad a la que van dirigidas, como condición insuperable para que sus disposiciones sean efectivamente observadas”, acotó.
Es ahí, dijo, donde los maestros, los padres de familia y los actores sociales involucrados en ella, como investigadores, pedagogos, psicólogos, terapeutas, etcétera, “quienes deben ser tomados en cuenta, escuchados, para instrumentar los ordenamientos que con sus contribuciones productivas resulten idóneos y adecuados. Una verdadera jornada de participación democrática que enriquezca el trabajo legislativo”.
Es por ello conveniente que el Congreso de la Unión “encabece una convocatoria nacional de gran envergadura, para recabar las propuestas y consideraciones que dichos agentes y promotores educativos tengan a bien formular, para que las leyes que regulen las modificaciones constitucionales en comento, resulten enriquecidas con su participación destacada y contribución autorizada”.
Por todo lo anterior solicitó al Congreso del Estado de Colima exhortar al Congreso de la Unión, para que en el cumplimiento de las disposiciones transitorias de la reciente reforma al artículo tercero constitucional, relativas a la expedición de nuevas leyes y reforma a las vigentes, “se convoque previamente a foros nacionales y regionales de consulta ciudadana para promover y escuchar los planteamientos de maestros, padres de familia y de todos las personas que quieran participar en los mismos”.
Por último, señaló que con ello «se pretende contribuir al enriquecimiento de los ordenamientos que habrán de reglamentar los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa, la idoneidad de los docentes y directivos, así como la creación y funcionamiento del Sistema Nacional de Evaluación Educativa y el establecimiento del servicio profesional docente, de manera que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos”.
Dicho punto de acuerdo fue respaldado por los diputados Martín Flores Castañeda (PRI) y Gabriela Benavides (PAN), y votado a favor por unanimidad de los diputados integrantes de la Legislatura colimense.
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