La asociación de homosexuales y lesbianas Cohesión de Diversidades (Codise), interpuso este miércoles una queja ante la Secretaría de Gobernación (Segob) en contra de Juan Sandoval Íñiguez, cardenal de Guadalajara y los órganos de difusión de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), por las ofensas verbales proferidas contra los grupos de diversidad sexual.
Tras pronunciarse en contra de que los matrimonios entre personas del mismo sexo tengan derecho a adoptar hijos, el domingo pasado, el cardenal tapatío preguntó a los reporteros «¿A ustedes les gustaría que los adopten maricones o lesbianas?»
También afirmó que el gobierno del Distrito Federal había maiceado (sobornado) a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que votaran a favor de la ley que permite las adopciones a parejas homosexuales.
Mediante un oficio presentado ante la delegación jalisciense de la Segob, el grupo encabezado por Rodrigo Rincón, pidió a la dependencia federal sancionar al purpurado, con base en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
En el documento recibido por la dependencia, los quejosos advierten que Sandoval Iñiguez violó reglamentos a los que están suscritas las asociaciones religiosas, entre ellos los que obligan a respetar las instituciones del país y los cultos y doctrinas ajenos a su religión.
Señalaron que es evidente que el prelado no está respetando a instituciones como la SCJN o al gobierno capitalino, al acusarlos de corrupción.
Piden también revisar la actuación del Arzobispado de Guadalajara o de su oficina de comunicación social, ya que a través de sus posturas respecto a las leyes a favor de grupos de diversidad sexual, han atacado a homosexuales y lesbianas.
«A través de los medios de comunicación difundió expresiones discriminatorias, ofensivas y denigrantes que pretenden ridiculizar y promueven a terceras personas a que a su vez discriminen a las personas por su orientación sexual», señala la demanda.
Rincón dijo que, de prosperar esta denuncia, las sanciones contempladas por la ley van desde una amonestación, la suspensión temporal o la cancelación definitiva para operar del Arzobispado o sus órganos de difusión.
