CUANDO LA LEY YA NO IMPORTA
“No me vengan con ese cuento de que la ley es la ley” López Obrador, Andrés Manuel. Presidente. Ciudad de México, a 6 de abril del 2022.
Por: Noé GUERRA PIMENTEL
Hay un peligro mayor para una democracia que el triunfo de un grupo sobre sus adversarios: que quienes ejercen el poder comiencen a considerar que su voluntad está por encima de las leyes que deben gobernarnos a todos.
Cuando la autoridad interpreta la Constitución según su conveniencia, convierte la legalidad en instrumento selectivo, obligatorio para los ciudadanos y opcional para ellos. El problema no es solo electoral; es social, institucional y cultural. Una sociedad comienza a deteriorarse cuando observa leyes para unos y excepciones para otros; cuando los organismos encargados de vigilar al poder pierden autonomía, son debilitados o actúan con ineficacia; cuando las simulaciones sustituyen las formas jurídicas y una denominación política pretende hacer legal aquello que no es.
El caso de la sucesión gubernamental de 2027 resulta ilustrativo. Morena anunció este 25 de agosto a sus primeros “coordinadores estatales de defensa de la Cuarta Transformación” —entre ellos Rosa Bayardo para Colima—, fórmula política que en los hechos coloca a dichas personas con ventaja. El anuncio ocurrió antes del inicio formal del proceso electoral federal. Aquí está el fondo: cambiarle el nombre a una actividad no modifica su naturaleza jurídica. Si alguien es presentado, promovido, posicionado y movilizado como quien habrá de contender por una gubernatura, el debate no puede resolverse diciendo que no es “precandidata”, sino “coordinadora”, “defensora de la transformación” o de la “soberanía nacional”.
En el papel, el INE —localmente omiso y penosa comparsa— señala que los actos anticipados comprenden expresiones realizadas antes de los plazos legales con la finalidad de obtener respaldo. Además, para determinar su existencia deben analizarse elementos personales, temporales y subjetivos. La democracia no consiste sólo en votar, sino en competir bajo reglas comunes. El artículo 41 constitucional establece las bases y el 134 impone obligaciones sobre uso de recursos públicos y la conducta de servidores públicos. La legislación electoral busca preservar la equidad. Por eso, cuando un personaje lleva meses de exposición, movilización, propaganda y posicionamiento mientras sus adversarios no pueden competir, la discusión trasciende la legalidad al violar el principio de equidad.
Históricamente, México conoce las consecuencias de la concentración del poder. Durante el Juarismo y el Porfiriato, la Constitución de 1857 estuvo vigente, pero la realidad política terminó subordinando las instituciones. Durante buena parte del siglo XX, la competencia electoral existía jurídicamente, pero el poder presidencial determinaba quién podía competir y con qué posibilidades. El viejo “dedazo” no necesitaba desaparecer la ley: bastaba hacer convivir la norma con una realidad política decidida. La transición de finales del siglo XX intentó corregirlo. La creación y fortalecimiento de organismos autónomos respondió a una lección histórica: quien organiza, vigila y sanciona una elección no puede estar sometido al mismo poder que participa en ella.
Por eso resulta preocupante cualquier concentración institucional, no importa el argumento o cualquier causa presentada como moralmente superior. Ninguna mayoría electoral recibe un cheque en blanco. La democracia constitucional significa que también el poder mayoritario tiene límites. El riesgo social de ignorarlos es enorme, primero aparece la normalización: “siempre se ha hecho así”. Después, la resignación: “no tiene caso denunciar”. Luego, el cinismo: “todos hacen lo mismo”. Finalmente se instala la idea más peligrosa: “la ley no sirve”. Cuando una sociedad llega a ese punto, pierde confianza en las instituciones y empieza a resolver sus conflictos mediante la fuerza política, económica, mediática o incluso física. Ese es el verdadero peligro.
No se trata de impedir que un partido prepare a sus cuadros ni de negar a nadie su derecho legítimo a aspirar a un cargo. Se trata de impedir que la simulación sustituya a la norma y que el poder determine cuándo empieza la competencia para él y cuándo para los otros. El calendario electoral de 2027 no es capricho: forma parte de las condiciones de equidad que deben protegernos a todos. El proceso inicia formalmente el 10 de septiembre de 2026 y la jornada electoral está prevista para el 6 de junio de 2027.
La conclusión es sencilla: una democracia no muere solo cuando se suspenden elecciones, también se aniquilan cuando siguen existiendo, pero las reglas dejan de aplicarse equitativamente. Por eso, sociedad civil, medios, academia, oposición partidista y, sobre todo, autoridades electorales tenemos la responsabilidad histórica de impedir que el poder convierta la excepción en regla, la propaganda en gobierno, la simulación en legalidad y la mayoría electoral en licencia para ignorar la ley. Pero, claro, para eso se necesitan ética, moral y vergüenza.
