Ciudad de México.- Tras la aprobación de ambas cámaras de la reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propuso un decálogo para transparentar las contrataciones y adquisiciones públicas.
Mediante un comunicado, la Coparmex consideró que la legislación anterior sí otorgaba al Gobierno Federal los mecanismos para atender las contrataciones de emergencia, sin sacrificar la calidad, la transparencia, la competencia y la legalidad.
Calificó como incomprensible “la prisa de querer legislar a vapor” la propuesta de reforma que ya fue aprobada por ambas cámaras y fue turnada al Ejecutivo para efectos constitucionales.
Para la Coparmex esta propuesta es violatoria al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a las Convenciones y Tratados Internacionales de los que México.
“El mecanismo de compra vía organismos internacionales solo debe realizarse de manera excepcional en escenarios muy particulares para cumplir con las obligaciones internacionales que México tiene actualmente frente a la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) y socios TPP.”
En consecuencia, Coparmex presentó un decálogo para cualquier discusión de proyecto de ley o reforma en esta materia.
- TRANSPARENCIA. El sistema de contrataciones públicas debe ser una caja de cristal, desde la planeación y hasta el pago del último peso, por lo que exigirán que todas las decisiones estén documentadas y disponibles al público en todo momento.
- COMPETENCIA. Exigirán que el sistema de contrataciones públicas promueva activamente la competencia en todos los sectores, como medida de desarrollo y como factor de prevención de la corrupción.
- NO DISCRIMINACIÓN. Demandarán que la legislación siempre promueva la pluralidad y la eliminación de barreras artificiales e innecesarias.
- EFICIENCIA Y ECONOMÍA. Apoyarán leyes que promuevan el mejor uso de los recursos públicos en el corto, mediano y largo plazos.
- OBJETIVIDAD. Reconocen que las decisiones son tomadas por personas, pero exigimos que estén debidamente sustentadas, en elementos objetivos y comprobables.
- TRAZABILIDAD. Exigirán que cualquier proyecto de ley o reforma genere la posibilidad de rastrear cada decisión a personas concretas, mismas que se harán responsables de sus actos.
- APLICACIÓN DE LA LEY. Serán vigilantes de cualquier cambio que permita a un servidor público no cumplir con la ley o no asumir su responsabilidad.
- RESPONSABILIDAD. Sólo apoyarán modificaciones que permitan asignar responsabilidades concretas a personas específicas.
- CAPACIDAD. Consideran necesario un sistema que promueva la capacidad y la integridad de quienes toman decisiones en cualquier parte del proceso.
- PROFESIONALISMO. Exigirán un sistema que promueva la profesionalización permanente de quienes toman decisiones, y la medición objetiva de sus actos.
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