Colima.- A petición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Congreso del Estado aprobó destituir de su cargo a Rafael Mendoza Godínez de la alcaldía de Cuauhtémoc e inhabilitarlo por 7 años para cargos públicos.
Esta sanción aprobada por el Congreso será turnada al Supremo Tribunal de Justicia del Estado para que éste se erija como Jurado de Sentencia y aplique lo aprobado por el Congreso local, mismo que podría aumentar o disminuir la sanción.
El plazo para que tiene el Tribunal del Estado para modificar o ratificar la sanción es el 10 de marzo próximo.
La sentencia fue aprobada a las 21:44 horas por 17 de los 18 diputados presentes. Leticia Zepeda se abstuvo a votar.
En juicio político realizado la noche de este sábado 25 de febrero, los diputados locales dieron cumplimiento a la orden de sancionar a Mendoza Godínez emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La sentencia se dio sin la presencia del señalado, quien, acompañado del senador Jorge Luis Preciado, el diputado federal Fernando Antero y otros ciudadanos, estuvo bloqueando el paso vehicular en la autopista Colima-Guadalajara a la altura de la localidad El Trapiche, al tiempo en que se realizaba el juicio político en su contra.
En la sesión se presentaron pruebas de que fue notificado debidamente para que estuviera presente en la sesión.
Cabe señalar que el proceso de juicio político inició el 10 de marzo de 2016, y fue el el PAN – su partido – cuando tenía la mayoría en el Congreso estatal que dio entrada a este proceso.
Ahora la mayoría es conformada por el PRI y «Nuestro compromiso por Colima».
El motivo de la sanción emitida por el Congreso fue que Mendoza Godínez violó el principio de imparcialidad establecido en el artículo 134 de la Constitución Federal al haber asistido a dos eventos proselitistas (9 y 11 de febrero de 2016) en favor del entonces candidato del PAN a la gubernatura de Colima, Jorge Luis Preciado y haber condicionado el voto a los asistentes a cambio de votar por el entonces candidato del PAN.
Esta misma falta, ya ha sido motivo en el pasado, para que en el estado de Colima se anulen dos elecciones de gobernador.
El Tribunal detalló que Mendoza Godínez indujo al voto en favor de Jorge Luis Preciado con la promesa de mejorar los servicios si este ganaba la gubernatura.
Aunque en esos días contaba con licencia para ausentarse del cargo, el Tribunal señaló que eso no lo exime de responsabilidad, pues a los eventos no se presentó como ciudadano, sino que invocó su figura de alcalde y pidió el voto.
El Congreso señaló que las violaciones fueron plenamente acreditadas y que resulta irrelevante que se trata de un día inhábil o si acudió con licencia para ausentarse del cargo, pues su puesto no debió utilizarse con ese fin.
Asistieron a la sesión 18 de los 25 diputados. Estuvieron ausentes Adriana Mesina Tena, Alejandro García Rivera, Martha Sosa Govea (con justificación), Gabriela de la Paz Sevilla, Norma Padilla, Luis Ladino Ochoa y Mirna Edith Velazquez.
Antes de votar la sanción, tres diputados tomaron la palabra.
Leticia Zepeda dijo que de la misma manera que se votó en esta sanción, espera que todos voten en el mismo sentido en contra de otros actores políticos que tienen irregularidades y cuestionó el que se sancionara a Mendoza Godínez por 7 años.
«Por qué siete años, ¿para inhabilitarlo en procesos electorales venideros?
«Cómo le explicamos a la ciudadanía que Mario Anguiano camine por las calles, regale dinero y se emborrache como si nada pasara, cómo le explicamos a la ciudadanía que vayamos tan lentos en unos procesos y tan precisos en otros».
Federico Rangel subrayó que nunca se acusó al señalado de desvío de recursos, sino de violar el principio de imparcialidad en la pasado proceso electoral y que el Congreso solo acató una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
«Las declaraciones de que el procedimiento es una jugarreta del PRI, es una falacia. No se trata de un asunto de orden político, sino de un tema jurisdiccional».
Riult Rivera Gutiérrez, presidente de la Comisión de Responsabilidades, dijo que con este fallo se sienta un precedente contra la impunidad.
«Concluimos de manera adecuada el proceso a este ciudadano por mandato de una autoridad federal».
También le presidente del Congreso, Nicolas Contreras en el uso de la voz dijo que el asunto tiene carácter institucional y no político por lo que el Congreso aplicó la sanción para no incurrir en un desacato a una autoridad jurisdiccional.
«El presente asunto tiene carácter institucional y no político, como falsamente lo sostienen otros actores y la participación de este Congreso se circunscribe a conceder eficacia a una resolución emita por la máxima Institución en materia electoral que es parte del Poder Judicial de la Federación».
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