Colima.- El día de ayer, 18 de noviembre, comenzó en el Congreso del Estado de Colima la calificación de las cuentas públicas de los organismos operadores de agua potable, con la aprobación de sanciones por presuntas irregularidades a funcionarios de Armería, Comala y Coquimatlán.
Alejandro García, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, aseguró que este procedimiento, heredado de la pasada Legislatura, será legal y no se intercambiarán dictámenes de municipios entre partidos políticos.
“La Ley no tienen ni partidos políticos, ni tintes de revancha, terminamos de calificar los de la cuenta pública 2014 y tenemos hasta el 30 de noviembre para terminar de calificar a los organismos operadores”.
Primeras sanciones
Las sanciones aprobadas fueron las siguientes:
A Faustino Carrazco Vega, Director de Contabilidad, de Armería, se le impuso una Amonestación Pública y Sanción Económica Directa, por la cantidad de 578.74 pesos, por daños ocasionados por la morosidad en depósitos de ingresos a las cuentas bancarias de la Comisión de Agua del Municipio de Armería.
Así como a Óscar Guerra Guardado, Director General, se consideró una Amonestación Pública y Sanción Económica Directa, por la cantidad de 15 mil 735.63 pesos, por motivos de daños ocasionados por el pago de obras públicas no ejecutadas.
En el caso de Comala, se aprobó que al Contador Juan Jiménez Rojas, Contador, se le sancione con una Amonestación Pública, por afectar la partida presupuestal del ejercicio 2014, al cubrir pago de ejercicios anteriores no provisionados; por realizar el pago en demasía por concepto de aguinaldo y canasta básica a un trabajador, por el mal cálculo de las prestaciones una sanción Económica Directa, por la cantidad de 7 mil 673.55 pesos.
Así como Amonestación Pública, por el pago indebido por prestación sindical y Sanción Económica por la cantidad de 2 mil 530.76 pesos y por autorizar erogaciones de bono de antigüedad sin justificar plenamente la antigüedad.
Por omitir mantener un estricto control de los pagos que causen un daño a la hacienda pública se aprobó Sanción Económica, por la cantidad de 3 mil 090 pesos por omitir la baja oportuna y generar pagos indebidos.
Mientras que a José Manuel Dueñas Fuentes, Director General, se le impuso una Amonestación Pública, por omitir implementar el funcionamiento del software “GEO-AGUA”, con el fin de lograr una mayor eficiencia y economía del Organismo Operador.
Del municipio de Coquimatlán a Francisco Javier Brizuela Miranda, en su carácter de Contador, una Amonestación Pública y sanción económica, por la cantidad de: 10 mil 026.56 pesos, por omitir depositar a las cuentas bancarias del Organismo Operador, ingresos provenientes de la recaudación, disponiendo indebidamente de dichos recursos, ocasionando daños y perjuicios a la Hacienda Pública Municipal.
Así como una Amonestación Pública y Sanción Económica, por la cantidad de mil 498.58 pesos, por efectuar el cálculo correspondiente para el pago de prestaciones laborales a dos trabajadores sindicalizados, considerando una base de pago mayor a la establecida en el convenio sindical vigente para el 2014, ocasionando daños patrimonial del Organismo Operador.
Amonestación Privada y Sanción Económica, por la cantidad de: 14 mil 906.76 pesos, equivalente a los daños determinados; Por gestionar el pago de las primas de seguro de vida a dos trabajadores jubilados, estando reservado únicamente para el personal activo, ocasionando un daño patrimonial del Organismo Operador.
Además de una Amonestación Pública y Sanción Económica, por la cantidad de: 733.79 pesos, equivalente a los daños determinados; Por omitir tramitar la baja de un trabajador ante el IMSS, pagándose en demasía sus cuota obrero patronales a dicho instituto ocasionando un daño patrimonial del Organismo Operador.
Y por último, una Amonestación Pública, por gestionar pagos por concepto de adquisición de bienes y servicios por montos comprendidos entre los 101 y 850 salarios mínimos vigentes en el Estado durante el 2014, sin exhibir evidencia de las cotizaciones y de la autorización previa del Concejo de Administración.
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