Ciudad de México.- A cinco años de los hechos ocurridos en Iguala Guerrero, donde desaparecieron 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el Gobierno de México rindió un informe de los avances del caso, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a encontrar a los estudiantes.
“Tenemos el compromiso de encontrar a los jóvenes, no hay ningún obstáculo, ninguna limitación, está participando la Secretaría de la Defensa, presentando información, las instalaciones que no se permitía visitar se han abierto a los padres, a los abogados, a los investigadores.”
Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y encargado de la Comisión por la Verdad y la Justicia, detalló que el hecho es tratado como una desaparición forzada cometida por agentes del Estado y el caso se maneja en dos vertientes: la búsqueda en vida y del destino final de los estudiantes.
Destacó que se ofrece una recompensa de un millón 500 mil pesos para aquellos que ofrezcan información fidedigna y verificables obre el paradero de los estudiantes, así como otra recompensa por 10 millones de pesos a quien informe del paradero de Alejandro Tenescalco Mejía, uno de los principales involucrados en la desaparición.
Encinas Rodríguez recordó que desde su instalación el 15 de enero, la Comisión ha entablado reuniones con los padres de familia afectados, la Comisión Interamericana de Derechos humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes trabajan en las investigaciones y replanteamiento del caso.
El próximo martes y miércoles el exgobernador, Ángel Aguirre, el ex procurador del estado de Guerrero, Iñaqui Blanco, y con los extitulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría de Gobierno del estado de Guerrero, ampliarán sus declaraciones en la Fiscalía General de la República.
Esta entrevista tiene como objetivo captar datos sobre la investigación que desarrolló la fiscalía del estado durante los primeros seis días del hecho, antes de que el Gobierno Federal atrajera la investigación.
“Y no incorporó los aspectos fundamentales de la investigación de la fiscalía local a la averiguación previa realizada por la Procuraduría General de la República”, destacó Encinas.
El subsecretario informó que el pasado 18 de septiembre tuvieron reunión con el fiscal general y el fiscal especializado donde acordaron avanzar en un replanteamiento integral de la investigación, subsanar omisiones, contradicciones, falta de elementos, además de deslindar responsabilidades de autoridades omisas, sobre todo en las relacionadas con prácticas de tortura.
“Hasta ahora debo señalar que todos los requerimientos de información que se han presentado en la Secretaría de la Defensa Nacional han sido respondidos, forman parte ya de las nuevas investigaciones por parte de la unidad especializada.”
Alejandro Encinas detalló que se creó un Comité Científico Asesor de la Comisión Presidencial que realiza tareas de investigación entre las que destaca la identificación de cuerpos en fosas, ninguno de los estudiantes, y la selección de 206 mil llamadas de interés con 84 mil líneas prioritarias y 116 números telefónicos que dan seguimiento a la operación minuto a minuto.
“No puedo dar los detalles, pero sí tenemos certeza de cómo se realizó el operativo por los grupos delictivos, pero algunas de las primeras conclusiones, para dar una de ellas, es que en ningún momento hubo contacto por parte de ningún estudiante con algún grupo delictivo o con alguno de sus integrantes”.
Sin dar más detalles, por razones de seguridad, el subsecretario informó que la operación con la que desaparecieron los estudiantes se dio en el municipio de Iguala y su zona suburbana.
En el operativo que se ha realizado en los últimos 48 días en la región se han revisado más de 120 puntos de búsqueda y en ninguno se ha encontrado algún hallazgo positivo.
Por su parte, Omar Gómez Trejo, fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa detalló que iniciaron nueve procesos de búsqueda, acciones de investigación, con la finalidad de encontrar y localizar el paradero de los estudiantes.
Actualmente se encuentra realizándose esta diligencia ministerial en el municipio de Tepecoacuilco y en cuanto se tenga algún resultado se informará a la sociedad.
Resaltó que se están retomando todas las líneas de investigación de los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
También se suman las líneas de investigación sobre los tres distintos niveles de gobierno y las autoridades o grupos delincuenciales que tuvieron una participación en los hechos de la noche de Iguala.
“Desde la unidad que yo estoy encabezando ninguna persona está por encima de la ley y se hará valer la ley en función de encontrar la verdad sobre los hechos acontecidos, y la justicia que las familias vienen a exigiendo desde hace cinco años.”
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