Colima.- La Legislatura Local aprobó la integración de una Comisión Legislativa Especial para dar seguimiento a la denuncia penal interpuesta por el Congreso del Estado en contra del exgobernador Mario Anguiano Moreno; el exsecretario de Fomento Económico y General de Gobierno, Rafael Gutiérrez Villalobos, y la exsecretaria de Finanzas y Administración, Blanca Isabel Ávalos Fernández.
La comisión legislativa la integran los presidentes de las Comisiones de Responsabilidades; de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y de Vigilancia del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, quienes fungirán como presidente y secretarios, respectivamente, y también la conforman los coordinadores de los grupos parlamentarios y los diputados únicos de partido.
Creada en votación unánime a iniciativa de Nicolás Conteras Cortés y de los otros diputados independientes, Javier Ceballos Galindo y Luis Ayala Campos, la Comisión Legislativa Especial se conformó porque los tres exfuncionarios citados son señalados como presuntos responsables de conductas ilícitas en detrimento de la hacienda estatal.
Contreras Cortés expresó que Anguiano Moreno, tema de permanente vigencia en el contexto local, cobró renovada relevancia durante la última semana, con motivo de su presencia pública en una cabalgata de las Fiestas Charrotaurinas de Villa de Álvarez.
Dijo que en la primer sesión de la actual Legislatura, señaló que una de las prioridades del Congreso debería ser atender la exigencia ciudadana para investigar las causas del desfalco financiero del Estado, se transparenten los resultados, se reparen los daños y se sancione a los responsables del saqueo a las arcas estatales.
“Los resultados de nuestra gestión a este respecto son de sobra conocidos, entre ellos podemos contar la conclusión de la auditoría especial, la presentación de una denuncia penal por parte del Congreso y la instauración de procedimientos ante la Comisión de Responsabilidades”, expresó.
Nicolás Contreras manifestó que todos esos procesos se encuentran a cargo de instancias a las que son ajenos los integrantes de su grupo parlamentario, pero cuyo desempeño seguramente habrá de traducirse en los resultados que esperados.
Aseguró que corresponde legalmente a esas instancias el trámite y resolución de las denuncias y procesos de los que conocen, “confiamos en que en su actuación habrán de ceñirse a la normatividad que rige en cada uno de estos casos”.
Asumió el compromiso de continuar en la posición de exigir se lleven hasta las últimas consecuencias las acciones que tiendan a lograr un manejo sano de las finanzas públicas, la investigación de posibles irregularidades y la aplicación de sanciones a quienes se hubieran apartado de un recto proceder en su actuación como servidores públicos.
Por ese motivo, y ante las condiciones imperantes en cuanto a los procedimientos instaurados contra exservidores públicos estatales, consideró conveniente brindar una atención continua a la evolución del proceso penal incoado a partir de la denuncia presentada por el Congreso.
Finalmente, expuso que su propuesta de crear una Comisión Legislativa la presentó en el ánimo de contribuir a mejorar las condiciones que prevalecen en cuanto al ejercicio del gobierno, “en la inteligencia de que permaneceremos atentos a acciones específicas que promuevan nuestros compañeros legisladores y que tengan este mismo propósito, de consolidar la cultura de la rendición de cuentas”.
