Ciudad de México.- La legisladora federal, Claudia Yáñez Centeno y Cabrera, presentó un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para solicitar a la Secretaría de Salud (SSA) y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR), investiguen y sancionen la procedencia de los medicamentos donados al Instituto Mexicano del Seguro Social en Colima (IMSS) con la leyenda “Propiedad del Sector Salud”, por parte del médico particular, Ugo Mendoza Aguilar.
Lo anterior fue dado a conocer en conferencia de prensa, donde la diputada federal mencionó que esta acción es una muestra inhumana del galeno, para lucrar con medicamentos utilizados en la atención y cura del COVID-19 en la entidad, al mismo tiempo que la presencia en el evento de la candidata de Morena a la gubernatura de Colima, Indira Vizcaíno Silva, causa indignación en la sociedad por ser este un acto anticipado de campaña.
Exhortó a las autoridades de la Secretaría de Salud y de la FGR a que abran una carpeta de investigación y sancione los presuntos actos de corrupción por el lucro de medicamentos exclusivos del sector salud.
“La supuesta donación por parte de este médico no es más que una burla y ridiculez, además de ser una acción más de corrupción para crear el escenario propicio a tretas partidistas y electoreras, toda vez que se incurre en diversas irregularidades al no presentarse la correspondiente factura de la empresa farmacéutica ni el dato del lote al que corresponden dichos medicamentos”.
Agregó que las autoridades del IMSS en Colima y de su contraloría incurrieron en actos irregulares y poco éticos, además de lamentar que el Congreso del Estado haya rechazado la iniciativa del diputado Carlos César Farías para que se investigaran estos hechos deshonestos.
Al final de la conferencia de prensa, Yáñez Centeno y Cabrera también se refirió a la detención ilegal de una persona de nombre David Díaz Valdez, a quien reconoció como luchador social y que se encuentra detenido a raíz de la defensa que realizó para que la Secretaría de Salud no retirara de la Comunidad de Campos en Manzanillo una ambulancia que le fue donada.
“Denunciamos los excesos de la medida cautelar impuesta por la juez de control que lleva el caso, porque no se cometió un delito grave para ordenar la prisión preventiva oficiosa. Es a todas luces un acto doloso, de mala fe y sin apego a la ley”.
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