COLIMA.- La mañana de este miércoles 5 de octubre se llevó a cabo la destrucción de armamento asegurado a la delincuencia organizada en los diferentes operativos, que realizaron distintas dependencias de seguridad; esto se llevó a cabo en el cuartel general de la Vigésima Zona Militar. Fueron 75 armas cortas, 71 largas, 290 cargadores y 7 mil 732 municiones.
Luego de los aseguramiento y procesos legales el material es clasificado con el fin de determinar su estado de operatividad para dictaminar si es procedente su aprovechamiento lícito o en caso contrario proseguir a su destrucción.
Para materializar esta actividad se integre un equipo multidisciplinario, el cual certifica y da fe de la total destrucción. Una vez revisado el material se procede a su desorganización, separándolo en los diferentes grupos que componen el arma.
Posteriormente se procede a su inutilización por medio del corte, entrando a una cortadora de disco. Cada una de las armas se le debe realizar dos corte como mínimo, para evitar que alguno de sus partes puedan ser reaprovechadas. El material resultante de la destrucción es clasificado separando, plásticos maderas y metales. Después se coloca en un contenedor y se le vierte cemento.
La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, encabezó la ceremonia en la que el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Colima, Miguel Ángel Campos Ortiz, dijo que la destrucción de este armamento representa el esfuerzo conjunto de autoridades federales, estatales y municipales.
Informó que, del 1 de enero a la fecha, la Delegación de la FGR en Colima ha iniciado 843 carpetas de investigación por la comisión de delitos previstos y sancionados en leyes federales; de esta cantidad de carpetas iniciadas, la mayor incidencia corresponde a las que se encuentran contempladas en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que están relacionados con la comisión de delitos contra la salud y el incremento de homicidios dolosos cometidos con el uso de armas de fuego.
Agregó que se tienen 210 carpetas de investigación por delitos contra la salud, que representa el 24.71% de asuntos a cargo de la Delegación de la FGR en lo que corresponde a la incidencia delictiva 2022, y 190 carpetas de investigación por delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que corresponde al 22.35%, que suman un total de 400 carpetas que equivalen al 47.06% del total de la incidencia delictiva en el ámbito federal, que se comete en esta entidad.
El delegado de la FGR dijo que las acciones realizadas por las autoridades federales, estatales y municipales durante el año, permitieron el aseguramiento y puesta a disposición ante el Ministerio Público federal, de 173 armas cortas, 80 armas largas, 294 cargadores, 9 mil 084 cartuchos, 17 granadas (que fueron destruidas en el lugar por el riesgo que representa que lleguen a activarse y el daño que generarían, tanto material como a las vidas e integridad física de las personas), 71 kilos de mariguana, 120 miligramos de heroína, cuatro toneladas de cocaína, 194 kilos de metanfetaminas, una embarcación, dos inmuebles, así como 800 mil 518 pesos, 545 litros de hidrocarburo, 28 chalecos con placas balísticas, seis vehículos (de los cuales uno cuenta con blindaje) y 63 teléfonos celulares.
La FGR ha judicializado este año 190 carpetas de investigación contra 301 imputados; además, ha obtenido 115 sentencias condenatorias mediante procedimientos abreviados y diez sentencias condenatorias en juicio oral, lo que contribuye a reinstaurar el Estado de derecho, disminuir la percepción de impunidad y recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones de los tres niveles de gobierno.
Campos Ortiz indicó que, en la destrucción de armas de fuego, se refiere a los asuntos a los que ya hay una orden del juez para llevar a cabo esta destrucción o bien una determinación ministerial, para tal efecto, consideró importante informar a la sociedad, el quehacer de las autoridades que tienen que ver con la seguridad pública, y que, en este caso por el tipo de objetos de delito, se relacionan con incidencia delictiva en un delito de alto impacto, como es el homicidio.
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El general Hernán Cortés Hernández, comandante de la Vigésima Zona Militar, expresó que la seguridad constituye una condición que garantiza el correcto desarrollo y la sana convivencia de los habitantes de un estado, circunstancia que permite el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos; “por tal motivo, la generación de un ambiente de seguridad adecuado, constituye una obligación ineludible de todo gobierno y para dar cumplimiento a esta tarea existe un grupo de instituciones con atribuciones específicas, que reunidas, satisfacen esta necesidad ciudadana”.
“Las policías municipales, Policía Estatal y Guardia Nacional, con la coadyuvancia de las fuerzas armadas y la participación de las fiscalías (FGE y FGR), llevan sobre sus hombros el peso de estas acciones, y es a través del decidido actuar de sus integrantes, donde descansa la seguridad de la sociedad”, indicó.
Añadió que la posesión y portación de armamento en México, está sujeta a las prescripciones conferidas en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento, y la violación de algunos de sus preceptos coloca a los ciudadanos que las cometen ante la posible responsabilidad en la imputación de un delito; “armamento y municiones que aquí hoy se presentan, son resultantes de la violación a las referidas leyes, y su portación constituyen acciones que atentan contra la seguridad de los colimenses.
Sin embargo, su aseguramiento y destrucción representan la aplicación del derecho, esfuerzo y compromiso de las autoridades, por velar por un Colima mejor. “Nunca más estas armas serán utilizadas en contra de los ciudadanos y seguramente los infractores sufren ya las penas que su mala conducta ha acarreado; este acto patentiza el empeño de los gobiernos federal, estatal y municipal, por mantener un ambiente de seguridad del que puedan disfrutar los habitantes de esta entidad”.
A esta ceremonia también acudieron la secretaria general de Gobierno, Ma Guadalupe Solís Ramírez; el secretario de Seguridad Pública, Héctor Alfredo Castillo Báez; el fiscal general del Estado de Colima, Bryant Alejandro García Ramírez, el comandante de la Décima Región Naval, Rubén Alfonso Vargas Suárez; representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la entidad y demás integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad de Colima.
