Colima.- El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Sabino Hermilo Flores Arias, señaló que la presidenta del Instituto Electoral del Estado (IEE), Felicitas Alejandra Valladares Anguiano, sí violó los derechos humanos de los representantes de los medios de comunicación que fueron desalojados de las oficinas de esa dependencia cuando realizaban su función de obtener información.
Esta acción generó la investigación de oficio bajo el expediente CEDHEC/162/15 del 18 de marzo de 2015 y este 23 de mayo de 2016 se genera un resolutivo en el que se emite una recomendación en dos puntos: capacitación para servidores públicos del IEE a fin de que puedan garantizar el derecho de los periodistas y comunicadores a ejercer su labor; y una disculpa pública a los quejosos por parte de la presidenta de ese organismo.
En entrevista con AFmedios, Flores Arias estableció que al analizar el acto administrativo del desalojo de los reporteros, periodistas y personal que estaba cubriendo la nota, en él área de oficialía de partes, se advierte que solo estaban realizando su función de la presentación de la denuncia de uno de los candidatos.
“Consideramos nosotros que el hecho de ser desalojados cuando no se estaba cometiendo algunas de las restricciones que el propio artículo VI de la Constitución (Mexicana) establece, que es perturbar el orden público o intentar contra la vida privada, la moral, realizado el análisis exhaustivo, jurídico en lo que es el derecho a la libertad de expresión contenido en la Constitución, se llega a la determinación que ese acto en concreto vulneró los derechos humanos de los reporteros en ese momento”.
Durante la tramitación de la queja, con fecha 15 de mayo de 2015 se citó a los denunciantes y a la autoridad señalada como responsable para llegar a un acuerdo de conciliación, sin embargo, mediante oficio IEE-PCG/948/2015 la Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Colima expresó su negativa a ratificar la conciliación aludida, por lo que el 22 de diciembre de 2015, esta Comisión acordó la continuación del procedimiento de queja.
“Del análisis y vinculación lógica-jurídica de los antecedentes referidos en la presente recomendación, se desprende que existe la vulneración a los derechos humanos de libertad de expresión, en perjuicio de los periodistas o comunicadores y otros”.
La recomendación número 2 del año en curso establece que en razón de haberse demostrado la violación a los derechos humanos, se formulan a los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, las siguientes:
PRIMERA: Se dicten las medidas administrativas correspondientes a efecto de que las y los servidores públicos que laboran en el Instituto Electoral del Estado de Colima, sean capacitados respecto de la manera de conducir sus actuaciones para que se garantice el derecho de las y los periodistas y/o comunicadoras y comunicadores de llevar a cabo sus actividades con pleno ejercicio de la libertad de expresión.
SEGUNDA: Se ofrezca una disculpa pública, institucional y adecuada a las y los periodistas agraviados por la violación a sus derechos humanos a la libertad de expresión en que incurrió la Consejera Presidenta.
La funcionaria tiene quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta la Recomendación, y treinta días hábiles siguientes deberá entregar, en su caso, las pruebas correspondientes de que ha cumplido con la misma.
“En caso de que no sea aceptada, corresponde a la legislatura, en este caso al Poder Legislativo, poder citar al funcionario o funcionaria que no acepta una recomendación para efecto que ante ellos funde y motive las razones de su negativa y pueda dar una explicación de porque no acata una resolución”, señaló Flores Arias.
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