CEDH da visto bueno a cámaras de vigilancia en lugares donde se venda y consuma alcohol

Colima.- El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CEDH), Roberto Chapula de la Mora, aseguró que la iniciativa de ley que propone la instalación de video cámaras  en los lugares donde se vende y consume de bebidas alcohólicas, no atenta contra los derechos humanos.

Reunido en la sede del Congreso del Estado con abogados y con Martín Flores Castañeda, presidente de la Comisión de Gobierno Interno, el ombudsman aseguró que contar con video vigilancia en lugares como bares y centros nocturnos, no genera ningún tipo de problema, al contrario, protege más los negocios y sus clientes.

“No se afecta la dignidad, la tranquilidad, ni la privacidad de nadie. Las cámaras ya existen, y un 60 por ciento de los negocios ya las tienen”, aseguró.

Por su parte,  el diputado Martín Flores explicó el objetivo principal de la iniciativa de reforma a la Ley que Regula la Venta y  Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Colima, que pretende establecer la obligación de instalar sistemas de video vigilancia al interior y al exterior de los negocios donde se venden y consumen ese tipo de bebidas.

Flores Castañeda indicó que  una gran cantidad de la incidencia delictiva se realiza en donde se consumen bebidas alcohólicas, ya que bajo los efectos del alcohol se realizan riñas, hechos de sangre, robos y hasta homicidios, por lo que con las cámaras de vigilancia se podrá identificar a quienes cometen algún hecho delictivo.

Expresó que la iniciativa tiene como objetivo principal darle tranquilidad y seguridad a quienes acudan a esos establecimientos, pero sin violentar su privacidad, porque las imágenes y sonido que se capten por las cámaras de vigilancia estarán regulados.

En la reunión de trabajo participaron también los abogados Alan Castillo Cobián, de la Secretaría de Fomento Económico; Nancy Paola Martínez, de la Secretaría de Finanzas y Administración; Margarita Puente de la Mora, con Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología; Jessica Cristina Romero, investigadora de la Universidad de Colima, y J. Dolores García Sosa, de la Secretaría General de Gobierno. BP

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