Colima.- El problema en el que se metió el alcalde de Armería, Salvador Bueno, tras haber golpeado a su esposa, la presidente del DIF municipal, Silvia Saucedo, no será fácil de librar.
Este martes, distintas organizaciones de apoyo a la mujer legalmente conformadas en el estado de Colima, lideradas por el Centro de Apoyo a la Mujer A.C. (CAM) y la Fundación IUS Género A.C. manifestaron su preocupación por el aparente desistimiento de la denuncia por agresiones físicas por parte de la esposa del alcalde.
Sin embargo, las activistas señalaron que este aparente desistimiento no implica que el caso en contra del munícipe se detenga, pues la violencia de género se persigue de oficio y deberá llegar a sus últimas consecuencias.
Tanto Evangelina Flores Ceceña de IUS Género y María del Carmen Nava Pérez del CAM, justificaron su posicionamiento público por considerarse de un caso de interés público en materia de Derechos Humanos de las Mujeres, el acceso a la justicia y una vida libre de violencia en contra de las mujeres.
«Es de nuestro interés que la Fiscalía General del Estado garantice la procuración de justicia desde la perspectiva de género en apego a la aplicación del debido proceso», dijo Flores Ceceña.
Cabe recordar que en en el estado de Colima, los alcaldes ya no tienen fuero y que desde junio del 2017 se declaró la Alerta de Violencia de Género, por lo que este caso entra perfectamente para ser atendido con la perspectiva de género.
El pronunciamiento va dirigido especialmente a la Fiscalía Especializada en Delitos por Razones de Género y Trata de Personas pero así también a la propia Fiscalía General del Estado de Colima.
«En este caso observamos que a la asimetría del poder que produce una relación violenta, se agrega el poder que le da al agresor el ser presidente municipal», señalan.
Las activistas acentuaron que en este caso hay presunción de violencia intrafamiliar, contemplado en el Código Penal Vigente para el estado de Colima en su artículo 225 y que el delito de violencia intrafamiliar y su equiparado se investigarán y perseguirán de oficio.
Evangelina Ceceña ponderó que este delito que se investiga por violencia intrafamiliar no solo encuadra en ese delito sino que podría considerarse otro tipo de delito pues las lesiones en contra de la presidenta del DIF se realizaron con la cacha de una arma de fuego.
También cuestionaron que el Ministerio Público solamente proveyó las medidas de protección V, VI y VII del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales y no otorgó las medidas I, II y III que se refieren a la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, limitación para asistir o acercarse a la casa donde estuviera la víctima y separación inmediata del domicilio.
«Estas omisiones, es posible que hayan facilitado que otras personas de diferentes ámbitos presionaran a la señora Silvia Saucedo, quien se encuentra en situación de vulnerabilidad, y les permitió convencerla de acudir a la Mesa Única del Ministerio Público del Municipio de Armería, a manifestar que era su deseo no continuar con la investigación preparatoria del delito de violencia intrafamiliar en contra de su esposo, Salvador Bueno Arceo», señalaron en la rueda de prensa.
Las activistas señalaron que el desistimiento de la investigación por parte de Silvia, solo tiene efectos para la reparación del daño en su persona, pero no es una limitante legal para la persecución del delito por parte de la Fiscalía.
«Por lo anterior pedimos en el marco de este acto violento la correcta aplicación del Código Penal para el estado de Colima y el Código Nacional de Procedimientos Penales, para llegar a cabo una investigación pronta y expedita».
De acuerdo a Flores Ceceña la pena máxima para este delito de violencia intrafamiliar puede ser de cinco años y al no ser un delito con posibilidad superior a 5 años de castigo , no puede ser condenado a prisión oficiosa, sin embargo hay una posibilidad de ser delito grave por haber usado un arma.
«Le pueden poner hasta una pena por un año y entonces vas y firmas cada semana, pero el proceso sigue y eso es lo importante, este delito no es de prisión oficiosa, nada más que hay una particularidad con este delito, que se dice que fue realizado con los puños y cacha de un arma. El hecho de utilizar un arma en un delito violento, es prisión oficiosa dice el artículo 19 Constitucional».
María del Carmen Nava, dijo que solicitarán al Congreso del estado estar al pendiente del Caso.
«También el Congreso para que pueda actuar, sabemos que este año los presidentes municipales no tienen fuero, sin embargo puedan exhortarle para que cuando menos pueda separarse del cargo mientras se hacen todas las indagatorias», expresó.
«Según sabemos por los medios, el alcalde no ha sido localizado, pero para eso está la Fiscalía de Género a quien hemos enviado esta petición».
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