Ciudad de México.- Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), calificó de “crimen de Estado” el homicidio del juez federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa Verónica Barajas, el pasado 16 de junio en Colima, Colima.
“Que no haya duda que éste es un crimen de estado y que cuando hay un crimen de Estado todas las instituciones del Estado Mexicano estaremos del mismo lado”.
Durante una videoconferencia con la Barra Mexicana y el Colegio de Abogados, el ministro presidente reveló que el juez renunció a la protección con que contaba desde marzo de 2019.
Confirmó que Uriel Villegas tuvo protección pero renunció a ella. Es por ello que el CJF le envió un oficio exhortando al juez extender la protección, pero este ratificó su postura.
“Él nos había comentado en alguna ocasión posterior que él se sentía más a gusto que llamaba menos la atención, que el estimaba -que en su última adscripción en Colima- que no corría ningún riesgo, que él estaba muy tranquilo”.
Aclaró a los familiares que la decisión de retirar la protección al juez no responde a un tema de austeridad, pues este esquema de ahorros del Gobierno Federal no ha tocado la protección de juzgadores.
“En el tema de seguridad de juzgadores federales no ha habido austeridad. Incluso, si ustedes revisan la propuesta de presupuesto del Poder Judicial para este año, se pidió una partida especial para seguridad de juzgadoras y juzgadores federales”.
El presidente de la SCJN dio a conocer que desde el inicio de su periodo, reforzaron las medidas de seguridad de jueces y ministros, hicieron cambios de adscripciones, otorgaron protección de manera inmediata y demás acciones, para garantizar la seguridad de los jueces y magistrados.
“Entendemos que la presión y la gravedad del crimen organizado es extraordinariamente delicada y hay una enorme vulnerabilidad en las juzgadoras y juzgadores federales”.
Sin embargo, resaltó que son respetuosos de la decisión de cada uno de los juzgadores, pues entienden que estos esquemas de seguridad tienen “incomodidades” e incursiones a la vida privada de las familias.
Dio a conocer que, a raíz de lo ocurrido, el Pleno del CJF deberá reconsiderar su postura, pero no adelantó decisiones o detalles.
También dio a conocer que el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal le ofreció apoyo para revisar los protocolos de seguridad de los juzgadores federales.
Expresó su reconocimiento al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero quien atrajo el caso a la institución a su cargo desde que ocurrió el asesinato y ofreció el apoyo a la SCJN para que “se sepa la verdad y se sancione a los responsables”.
Por otro lado, agradeció la comunicación del gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, para ofrecer la colaboración del gobierno local en las investigaciones.
El ministro presidente señaló que estarán muy al pendiente del desenvolvimiento de las investigaciones del caso y destacó que exigirá, en lo personal e institucional, el esclarecimiento del caso y el deslindamiento de responsabilidades.
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