Ciudad de México.- Serán abiertos a consulta pública los archivos relacionados con violaciones de derechos humanos, persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, y con actos de corrupción, que tenía bajo resguardo el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Zoé Alejandro Robledo Aburto, subsecretario de Gobernación, mencionó que el día de ayer jueves se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establecen diversas acciones para la transferencia de documentos históricos, relacionados con los temas mencionados, en posesión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
El funcionario explicó que anteriormente, los archivos del Cisen eran custodiados y lo que se otorgaba a los solicitantes eran “versiones públicas” de esta institución y no los documentos del Archivo General de la Nación.
Carlos Ruiz Abreu director del Archivo General de la Nación, mencionó que llevarán un proceso archivístico que no se tuvo en el pasado, pues los documentos fueron ordenados por personal no especialista.
“Esta información, la mayoría, está organizada de una manera que … prácticamente por policías, por gente que no tenía ninguna actividad archivísitica. Entonces hay todavía cajas; de hecho, muchas veces no sabían en qué había en esa documentación”.
El proceso iniciará con la identificación de documentos, después se les dará un orden, una clasificación y una descripción, para que los interesados puedan acceder fácilmente a lo que se busca.
Lo que se busca es digitalizar los documentos para consultarlos como las actas de nacimiento en los Kioscos de Servicio o en internet, por lo que se requerirán de algunos años para transferirlos del estado a la federación y esta a su vez a plataformas digitales.
A partir de la publicación de ayer, cuentan con 28 días para dar los lineamientos de operación y 180 días para explicar a las instituciones públicas cómo transferir los documentos.
“El Estado no va a investigar, porque caeríamos, yo creo, en lo mismo de esta documentación que está ahí. El Estado no. Nosotros no nos vamos a poner a investigar sobre los personajes que ahí aparecen, sobre los movimientos”.
Se estima un mínimo de dos años para que los documentos puedan ser consultados libremente, en el entendido de que los recursos humanos y especializados estén disponibles lo antes posible.
Para ello se hizo una convocatoria a especialistas en biblioteconomía, archivonomía, y a Jóvenes Construyendo el Futuro, buscando que haya jóvenes interesados o que hayan estudiado estas materias.
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