Cuyutlán, Colima.— Integrantes de la asociación Defensores del Medio Ambiente y Recursos del Mañana (DEMAREM A.C.) advirtieron que la construcción del nuevo puerto de Manzanillo, proyectado en el vaso II de la Laguna de Cuyutlán, provocará daños irreversibles en el ecosistema y en la economía local si no se aplican medidas efectivas de mitigación y compensación.

En un documento entregado a autoridades federales y estatales, entre ellas la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, los ambientalistas cuestionaron la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por la Administración Portuaria Integral de Manzanillo. Aseguran que el estudio incumple el principio de integralidad, al evaluar solo la primera etapa de la obra y omitir la fase de operación, lo que contraviene la Ley General del Equilibrio Ecológico y su reglamento.

La obra contempla dragado, relleno de humedales, remoción de manglar y el corte de la isla Cocodrilos II, así como la creación de nuevas dársenas, canales de navegación y áreas de almacenamiento para buques de gran calado. De acuerdo con DEMAREM, estas acciones degradarán la calidad del agua, alterarán la salinidad, reducirán la biodiversidad y afectarán actividades como la pesca y las históricas salinas de Cuyutlán, con más de 570 años de antigüedad y que hoy generan sustento a más de 190 familias.

La asociación enumeró siete impactos principales, que van desde la desaparición del camarón y la mojarra en la zona, hasta la pérdida de hábitat para al menos 57 especies de aves migratorias. Además, advirtió que la expansión portuaria amenaza con romper la cadena alimentaria del sistema lagunar y afectar el equilibrio ecológico de los cuatro vasos que lo conforman.

Como respuesta, DEMAREM planteó cinco medidas prioritarias:

  1. Construcción de un canal para alimentar de agua marina el vaso III.

  2. Bloqueo del paso de agua contaminada entre el vaso II y el vaso III.

  3. Declaratoria inmediata de Área Natural Protegida para los vasos III y IV.

  4. Fortalecimiento del Centro Ecológico de Cuyutlán como organismo de investigación y rescate de flora y fauna.

  5. Obras de abastecimiento de agua potable para las comunidades locales.

Los ambientalistas también cuestionaron que el presupuesto asignado para mitigación —1.08 millones de pesos— es “insuficiente y una burla” frente al valor ambiental, cultural y económico de la laguna.

“Si se continúa con el proyecto como está, el declive ecológico del vaso II será inevitable. Aún estamos a tiempo de salvar el resto del sistema lagunar, pero se requiere voluntad política, recursos suficientes y participación comunitaria”, señalaron.

Por otro lado, apenas el pasado 23 de julio el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Marina, anunció una inversión histórica para modernizar y fortalecer el Sistema Portuario Nacional, con el objetivo de convertir al país en una potencia regional en el ámbito portuario. Esta estrategia contempla una inversión pública de 55 mil 179 millones de pesos y una inversión privada de 241 mil 51 millones de pesos, que se aplicarán en nueve puertos estratégicos del territorio nacional.

Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que estas obras son fundamentales para el desarrollo económico, ya que permitirán mejorar la infraestructura portuaria, generar empleos y potenciar las capacidades logísticas del país. Subrayó además que México tiene una posición privilegiada por contar con litoral tanto en el Pacífico como en el Golfo de México y el Caribe, lo que hace imprescindible el fortalecimiento de sus puertos.

El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, detalló que por instrucción presidencial se modernizarán seis puertos prioritarios con recursos públicos y privados: Ensenada (Baja California), Manzanillo (Colima), Lázaro Cárdenas (Michoacán), Acapulco (Guerrero), Veracruz y Progreso (Yucatán).

En Manzanillo, el puerto con mayor movimiento de carga del país, la inversión pública será de 20 mil 500 millones de pesos y la privada de 92 mil 184 millones.

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