EL ARCÓN DE HIPATIA
Por. Saraí AGUILAR ARRIOZOLA
Si no denuncian las víctimas de violencia, las matan. Y si denuncian, también las matan. Y si buscan redes de apoyo como les sugieren, también matan a la acompañante.
Y no, no es dramatismo ni victimismo. Es lo que acaba de suceder dentro de una agencia del Ministerio Público en Jalisco. Un sujeto de aproximadamente 30 años asesinó a su esposa Alondra de 21 años y a su suegra Liliana de 45 años, a quienes disparó en una agencia del Ministerio Público en el municipio de Poncitlán, Jalisco, en donde ambas acudieron a interponer una denuncia en su contra, al parecer por violencia familiar.
El hombre que iba a ser denunciado, pareja sentimental de una de ellas, fue quien les disparó dentro del edificio, delante del personal del Ministerio Público. “Fue tan rápida la agresión que no se lo pudo neutralizar”, dijo el fiscal Luis Joaquín Méndez sobre el atacante, quien alegó que en el lugar no poseían armas pues ahí “solo se va a denunciar”.
El atacante logró escapar en un principio pero fue capturado a las 24 horas de la agresión. “Ya está detenido. Esta mañana les dije que no descansaríamos hasta encontrar y llevar ante la justicia al presunto feminicida (…) se aplicará todo el peso de la ley”, publicó el gobernador Enrique Alfaro.
¿De cuál ley? ¿De la que permite que los agresores entren a recintos judiciales y sean asesinadas las víctimas? ¿De la ley que sus penas y mecanismos de protección a víctimas permiten que vivan años aterrorizadas al lado de su agresor con el miedo que termine no con ellas, quienes ya son muertas en vida, sino con sus familiares? Porque eso es lo que le pasó a Alondra y a su madre cuando denunciaron. La joven sufría maltrato desde hacía años, según explicó su padre Saúl Franco a El País. “Ya habían sido muchas veces, yo me la llevaba a la casa, y este hombre la tenía muy amenazada con hacernos algo a mí o a mi hijo, por eso mi hija no hacía nada. Pues todo el tiempo vivimos muy preocupados por ella, todo el tiempo vivimos con angustia”, expresó. Y no se equivocó. Pues la ley no fue capaz de protegerla. Tenía razón en temer.
Esa es la realidad que se vive en este país donde miles buscan a sus desaparecidas mientas otros tantos claman por justicia para sus muertas. Muertes que se acumulan día a día, donde los asesinos tienen garantizado salir libres, pues la impunidad ronda el 95 por ciento.
Liliana, la madre de Alondra, falleció en el lugar. Alondra logró llegar al hospital donde falleció.
“Papá, quiero ya salirme de aquí”. Eso fue lo último que le dijo Alondra a su padre antes de lanzarse a denunciar, acompañada de su madre.
No lo logró. No se le permitió ser feliz y libre al lado de sus hijos.
Esa ley que ahora le prometen sus gobernantes que dejarÁn caer sobre su agresor no llegó a tiempo. Pues ante esa ley fue asesinada.
¿Cuántas muertas más lloraremos?
Columna con la autorización de Saraí Aguilar Arriozola
