«El paquete Pimaf para el cultivo de tres hectáreas, cuyo precio fue de 6 mil 600 pesos, contenía productos que en el mercado local y comprados al menudeo cuestan 3 mil 554 pesos», señaló.
De acuerdo con sus cifras, los mil 524 campesinos beneficiados que sembraron tres hectáreas fueron defraudados con por lo menos 3 mil 46 pesos cada uno, dando un total de 4 millones 642 mil 104 pesos.
Además, del paquete Pimaf para productores de entre tres y veinte hectáreas, se apoyaron en el estado 2 mil hectáreas, y que el fraude fue de aproximadamente 300 pesos por hectárea.
Por esto, la directiva del PUC solicitó mediante una carta a autoridades federales realizar una investigación respecto al presunto fraude, proceder penalmente contra funcionarios que resulten responsables y resarcir el daño a los productores, entregando lo defraudado en efectivo o insumos.
Sin embargo, la tarde del 4 de agosto, la delegación estatal de la SAGARPA envío un boletín argumentando que hay total transparencia en la entrega del Pimaf.
“Nosotros sólo hacemos la dispersión (entrega) de los incentivos informando a la SAGARPA y la Secretaría de Hacienda, ya que como operadores de programas federales los incentivos vienen etiquetados desde oficinas centrales” expresó.
En ese sentido, el delegado Carlos Salazar Preciado refirió que en relación con los incentivos que se otorgaron, si alguno de los beneficiarios tuviera alguna denuncia que hacer y tiene la manera de demostrar que existió un fraude en contra de ellos, están en completa libertad de presentar la denuncia ante la autoridad que corresponda y en contra de quien ellos consideren responsable.
“De parte de mis funcionarios, en esta delegación no existe intención y menos una acción para perjudicar a los productores”, dijo.
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