Colima.- La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, aseguró que su administración cuenta con la documentación necesaria para aclarar y solventar las observaciones por aproximadamente 25 millones de pesos relacionadas con el ejercicio de recursos públicos, al señalar que una parte corresponde a cuestiones administrativas y otra a situaciones propias de las funciones del personal educativo.
Explicó que entre las observaciones se encuentran pagos a maestras y maestros que, además de participar en actividades sindicales, continúan desempeñando las funciones profesionales por las que reciben una remuneración de la Secretaría de Educación.
Indicó que la mayor parte de las observaciones está relacionada con supervisores escolares que, al momento de las revisiones, no fueron localizados en sus oficinas debido a que se encontraban realizando recorridos y labores de supervisión en los planteles de sus respectivos sectores.
En estos casos, sostuvo que únicamente será necesario acreditar qué escuelas visitaron, cuáles fueron sus actividades y las funciones que desempeñaron durante el periodo fiscalizado, información que, afirmó, permitirá solventar las observaciones.
La mandataria también reconoció que existe una observación menor relacionada con pagos realizados a trabajadores que fallecieron durante el ejercicio fiscal. Sin embargo, aclaró que se trata de remuneraciones proporcionales por los días laborados, así como de prestaciones y derechos que corresponden a sus beneficiarios.
Precisó que algunos cheques pudieron emitirse después del fallecimiento de los trabajadores, pero esto no significa que se haya pagado una nómina de manera irregular, sino que se cubrieron adeudos y prestaciones pendientes a sus familiares, incluidos, en su caso, los apoyos por gastos funerarios o pagos de marcha establecidos en las condiciones laborales.
Vizcaíno Silva consideró que algunas de estas observaciones se han magnificado con fines de crítica política, por lo que reiteró que su gobierno mantiene disposición para proporcionar los documentos y aclaraciones que sean necesarios.
“Hay absoluta transparencia en esta administración estatal; vamos a aportar los documentos que sean necesarios para poder cerrar estas solicitudes y estoy segura de que se van a solventar estas observaciones”, expresó.
Cuestiona politización de investigaciones relacionadas con el INE
En otro tema, la gobernadora se refirió a las investigaciones y señalamientos relacionados con presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE), y consideró necesario evitar que los procedimientos institucionales se conviertan en instrumentos de linchamiento político.
Invitó a revisar la exposición presentada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, junto con Raquel Buenrostro, en la que se abordaron los antecedentes y las condiciones de las contrataciones de proveedores del organismo electoral.
Señaló que algunos de estos proveedores mantienen relaciones comerciales con el INE desde su creación, en 1990, por lo que consideró importante analizar cómo se han establecido los mecanismos de contratación y por qué durante tantos años han sido prácticamente las mismas empresas las que han participado.
De acuerdo con Vizcaíno Silva, los lineamientos de contratación podrían contener restricciones que dificultan la incorporación de nuevos proveedores, situación que debe revisarse para garantizar mayor competencia y transparencia.
También mencionó que algunos de esos proveedores tienen vínculos con integrantes de la organización política Somos México, entre ellos un exgobernador, por lo que consideró necesario que la discusión se centre en los hechos y no en interpretaciones con intereses partidistas.
La mandataria sostuvo que las investigaciones deben continuar y que ninguna persona debe estar por encima de la ley; sin embargo, insistió en que tampoco se debe utilizar la información para generar condenas anticipadas o señalamientos políticos.
Finalmente, afirmó que la transparencia y la rendición de cuentas deben ser compromisos de todas las instituciones, incluidos los organismos autónomos, particularmente en el manejo de recursos públicos y en los procedimientos de contratación y asignación de servicios.
