Ciudad de México.— Excolaboradores del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) denunciaron un presunto esquema de cobro de cuotas a trabajadores a cambio de conservar sus puestos, en una estructura que, según sus testimonios, habría estado bajo la influencia del diputado de Morena y expresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.
La investigación, publicada este 30 de octubre por la periodista Aurora Zepeda en Excélsior, señala que las personas que aceptaban una plaza recibían instrucciones sobre el monto que debían entregar mensualmente, así como el número de cuenta al que tenían que realizar los depósitos.
De acuerdo con los testimonios, las cuotas variaban según el nivel salarial. Los subdirectores, con ingresos aproximados de 73 mil pesos netos al mes, debían entregar 15 mil pesos mensuales, equivalentes a poco más de 20 por ciento de su sueldo.
En el caso de las jefaturas de área, cuyos ingresos rondaban los 42 mil pesos netos, la aportación era de aproximadamente 7 mil pesos mensuales, más de 16 por ciento de su salario.
La investigación refiere que algunos trabajadores realizaban transferencias a una cuenta bancaria cuya beneficiaria es una funcionaria del Gobierno de Veracruz. Excélsior informó que tuvo acceso a estados de cuenta para verificar los depósitos y el nombre de la titular, cuya identidad decidió reservar a petición de los extrabajadores.
En otros casos, los pagos se entregaban en efectivo a través de un intermediario que, según los testimonios, recibía el dinero en un restaurante.
Los denunciantes también señalaron que las plazas del OIC fueron distribuidas entre personas vinculadas con Morena y el Partido Verde; sin embargo, aseguraron que la mayoría de las posiciones quedaron bajo el control político de Gutiérrez Luna.
Los señalamientos incluyen presuntas presiones laborales y prácticas de vigilancia sobre el personal, como revisiones de teléfonos celulares para evitar filtraciones de información.
El caso adquiere relevancia porque el OIC es la instancia encargada de fiscalizar los recursos del INE, investigar posibles irregularidades administrativas y recibir denuncias contra servidores públicos del organismo.
Además, el órgano tiene abiertas investigaciones relacionadas con presuntas anomalías en contrataciones realizadas durante la gestión de Guadalupe Taddei, quien presentó su renuncia a la presidencia del INE el pasado 26 de octubre.
Las denuncias por el presunto cobro de cuotas se suman a una serie de señalamientos que han colocado al INE bajo escrutinio por posibles conflictos de interés, irregularidades en la asignación de contratos y manejo de recursos públicos durante la gestión de Taddei.
De acuerdo con información presentada por el titular del OIC, Víctor Hugo Carvente Contreras, ante la Cámara de Diputados, el órgano abrió 16 expedientes de investigación relacionados con estos hechos y otras 25 indagatorias adicionales en materia de contrataciones. En conjunto, las investigaciones involucran a 23 personas —15 servidores o exservidores públicos y ocho personas físicas—, además de 18 empresas.
Entre las posibles irregularidades identificadas se encuentran ocultamiento de conflictos de interés, documentación presuntamente falsa o alterada, posibles actos de colusión, aplicación irregular de recursos públicos y deficiencias en la supervisión de contratos que podrían haber ocasionado daños patrimoniales. Estos señalamientos permanecen sujetos a investigación y no representan, por sí mismos, responsabilidades acreditadas.
El escándalo también derivó en una denuncia presentada por el Partido Acción Nacional ante la Fiscalía General de la República para que se investiguen posibles delitos relacionados con la asignación de contratos a proveedores presuntamente vinculados con el entorno de la entonces presidenta del organismo.
En paralelo, la Cámara de Diputados acordó citar a comparecer a Carvente Contreras para que explique el avance de las investigaciones y las razones por las que no se han concluido los procedimientos.
En este contexto, los testimonios publicados por Excélsior abren otro frente de cuestionamientos sobre el funcionamiento del órgano de control: mientras debía investigar posibles actos de corrupción dentro del instituto, ahora enfrenta denuncias de extrabajadores por presuntas cuotas, presiones laborales y una posible distribución política de plazas.
La coincidencia plantea interrogantes sobre la independencia y la eficacia de los mecanismos de fiscalización del organismo electoral, así como sobre la necesidad de esclarecer tanto las irregularidades atribuidas a la anterior administración como los señalamientos que ahora involucran al propio órgano encargado de investigarlas.
