Colima.- La internacionalización de los gobiernos locales, dijo Esther Ponce Adame, fundadora y directora general del Centro de Gestión y Cooperación Internacional para el Desarrollo (CGCID), es un proceso complejo que no depende únicamente de las relaciones con actores externos, sino también de las capacidades institucionales, los recursos, la coordinación y las necesidades específicas de cada territorio, pues para que produzcan beneficios reales, es necesario ir adaptando estos compromisos y dinámicas con las necesidades propias de la población.
Lo anterior lo compartió durante su conferencia virtual “Gobernar lo local en un mundo interdependiente: 27 años de transformaciones en la dimensión internacional de los gobiernos locales”, como parte de las actividades del XIV Congreso de la Red de Investigación en Gobiernos Locales Mexicanos (IGLOM), que se realizó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima.
La ponente analizó los cambios en el sistema internacional entre 1999 y 2026, y cómo a través de los años se han transformado las condiciones en las que gobiernan los municipios y las ciudades. Planteó que “el futuro político de estos gobiernos depende de su capacidad para responder a problemas cada vez más complejos, aun cuando no necesariamente cuentan con mayores recursos ni con más autonomía para tomar decisiones”.
Por ejemplo, dijo, a finales de la década de 1990, “México experimentaba la apertura comercial, la integración económica de América del Norte, la descentralización y los procesos de democratización local, con autonomía municipal y la participación ciudadana desde cada uno de los territorios”.
Veintisiete años después, comentó, “el escenario internacional presenta nuevas tensiones geopolíticas, cuestionamientos al multilateralismo, reorganización de las cadenas productivas, transformación digital, cambios en la movilidad humana y crisis ambientales que repercuten directamente en las comunidades”.
En el ámbito económico, explicó que la integración y reorganización productiva, en el contexto del TLCAN y posteriormente del T-MEC, han modificado las oportunidades de inversión, producción y empleo, con beneficios que se distribuyen de manera desigual.
Agregó que, “mientras algunas regiones han aprovechado su infraestructura y sus capacidades productivas para atraer inversiones, otras enfrentan mayores dificultades por sus desigualdades históricas y limitaciones institucionales”. Además, dijo, “el crecimiento económico puede aumentar la demanda de vivienda, transporte, agua y energía, así como generar costos ambientales y sociales”.
Si bien las agendas y los compromisos internacionales, como la Agenda 2030, el Acuerdo de París y los marcos internacionales sobre migración y desarrollo urbano buscan atender estos desafíos y exigen respuestas de los gobiernos locales, “cumplir con estos compromisos no consiste solo en adaptar indicadores internacionales a una escala local, sino en reconocer las prioridades territoriales, las desigualdades, las atribuciones institucionales y las capacidades de cada gobierno”.
Los informes voluntarios y las redes de cooperación -destacó- pueden contribuir a dar seguimiento a estos procesos y fortalecer las instituciones locales. Sin embargo, dijo, la realidad es que “las normas deberían reconocer las prioridades, desigualdades y relaciones entre los actores de cada territorio, en lugar de limitarse a trasladar indicadores globales a una escala municipal”.
Para ella, esta situación habla de la importancia de fortalecer las capacidades institucionales, la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la cooperación entre las áreas de una misma administración.
La acción internacional -aseveró- “debe vincularse con políticas públicas en materia de desarrollo económico, planeación urbana, movilidad, cultura, medio ambiente, agua y protección civil. Contar con una oficina de asuntos internacionales puede ayudar, pero no sustituye los recursos, la profesionalización, la coordinación y la continuidad administrativa necesarios para obtener resultados”.
Otro de los aspectos a tomar en cuenta es que la internacionalización económica no debe evaluarse solo por el número de inversiones atraídas, los acuerdos firmados o las redes establecidas: “Es necesario determinar quiénes se benefician, qué costos sociales y ambientales se generan y si las oportunidades internacionales se traducen en empleos de calidad, mejores servicios públicos y desarrollo territorial sostenible”.
Habló de experiencias internacionales como las Utopías de la Ciudad de México, que también se implementaron en Quito, Ecuador, o la Colmena, basada en una experiencia de Medellín, Colombia, que “demuestran que estas dimensiones de internacionalización tienen impactos positivos cuando se pone al centro la población y no sólo se busca cumplir con parámetros internacionales”.
De lo anterior, agregó, “tenemos experiencias muy interesantes en América Latina, desde aquellos presupuestos participativos hasta la actualidad, por ejemplo, en temas como la infraestructura social. En todos esos casos existe una dimensión internacional. No todos los gobiernos locales desarrollan una acción exterior sistemática, pero las condiciones en las que gobiernan pueden estar profundamente relacionadas con procesos internacionales”.
A manera de conclusión, dijo que “esta dimensión no es únicamente una cuestión de relaciones exteriores, sino también una cuestión de desarrollo territorial, capacidades institucionales, políticas públicas, gobernabilidad y gobernanza, y su relevancia pública debe examinarse en última instancia por su contribución al bienestar de las personas”.
Esther Ponce Adame es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM y maestra en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Mora; además, cursó el Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. Es fundadora de la Red Mexicana de Cooperación Internacional (REMECID) y forma parte del consejo técnico de gobiernos locales de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Pertenece a la Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos (IGLOM), donde ha ocupado el cargo de tesorera. Sus líneas de investigación y consultoría incluyen migraciones, derechos humanos, seguridad, medio ambiente, desarrollo territorial, gobiernos locales, gobernanza, ciudades y cooperación para el desarrollo.
