Colima.- El Instituto Especializado en la Ejecución de Medidas para Adolescentes de Colima atiende actualmente a 35 jóvenes en conflicto con la Ley penal, de los cuales 13 permanecen bajo una medida de internamiento, informó su director general, Carlo Ramsés Navarrete Zamora.
El funcionario explicó que, en el caso de los adolescentes, no se habla de penas, sino de medidas de sanción, cuyo propósito no es únicamente castigar, sino proporcionar herramientas que permitan su reinserción y una adecuada reincorporación a la vida social.
Detalló que de los 13 jóvenes que actualmente se encuentran internados, dos son mujeres y 11 hombres. Durante su permanencia en el centro reciben atención integral mediante servicios de psicología, atención médica, trabajo social y educación física, además de actividades encaminadas a fortalecer el vínculo familiar y contribuir a la reconstrucción del tejido social.
Navarrete Zamora destacó que una de las principales estrategias consiste en establecer convenios con instituciones educativas y organizaciones que permitan ampliar las oportunidades de los jóvenes.
En este sentido, señaló que recientemente se concretó un convenio con la Universidad de Colima mediante el programa “Voces que Germinan”, a través del cual los adolescentes reciben capacitación para el trabajo y desarrollan diversos proyectos.
Asimismo, mencionó un convenio de colaboración entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Universidad de Colima, que permitirá llevar educación superior a los centros penitenciarios y al centro especializado para adolescentes, con la posibilidad de que los jóvenes obtengan una certificación universitaria.
Como parte de este acuerdo, se contempla que la Universidad de Colima opere un aula en comodato dentro de las instalaciones, mientras que el instituto mantiene colaboración permanente con instituciones de educación y capacitación para el trabajo.
El director agregó que el proceso de reinserción también contempla la participación de la familia, pues se busca que los jóvenes no solamente cumplan con su medida de sanción, sino que al concluirla cuenten con mayores herramientas educativas, laborales y sociales para evitar reincidir.
Navarrete Zamora explicó que existe también un programa de seguimiento posterior a la sanción, derivado de un convenio celebrado por el Gobierno federal con el Ministerio de Canadá. El objetivo es acompañar a los jóvenes que ya egresaron y apoyarlos, principalmente, en aspectos relacionados con su incorporación al mercado laboral y su reintegración social.
Sin embargo, aclaró que este seguimiento es voluntario, debido a que la legislación en materia de justicia para adolescentes establece condiciones distintas al sistema penal para adultos.
“En adolescentes es diferente el sistema en adultos”, explicó, al señalar que los jóvenes no quedan con antecedentes penales de la misma manera que una persona adulta, por lo que el seguimiento posterior solamente puede realizarse cuando el propio egresado acepta participar.
El funcionario consideró que este tipo de programas son importantes para cerrar el ciclo de reinserción y evitar que el adolescente quede sin acompañamiento una vez que abandona el centro.
Como parte de esta estrategia, adelantó que actualmente se encuentran en pláticas para concretar un convenio con una empresa internacional que tiene presencia en Colima, con el propósito de canalizar a los jóvenes hacia oportunidades laborales una vez que concluyan su medida de sanción.
La intención, dijo, es que el proceso no termine cuando el adolescente salga del centro, sino que pueda continuar con alternativas concretas para incorporarse a la sociedad.
“Se trata de cerrar el círculo completo”, expuso, al señalar que el objetivo es que los jóvenes egresen con las herramientas necesarias y que el trabajo realizado durante su estancia tenga resultados a largo plazo.
Navarrete Zamora destacó que la educación, el deporte, la cultura, el arte y el acceso a oportunidades laborales representan alternativas para prevenir que los adolescentes vuelvan a involucrarse en conductas delictivas.
Finalmente, sostuvo que el centro debe ser entendido no solamente como un espacio de sanción, sino como una institución en la que los jóvenes puedan transformar sus condiciones de vida. Incluso, relató que un juez de ejecución del Poder Judicial del Estado ha señalado que resulta evidente el cambio que presentan algunos adolescentes después de permanecer un tiempo en el centro, particularmente aquellos que ingresan bajo los efectos de drogas o alcohol.
Por ello, insistió en que el trabajo coordinado entre autoridades, instituciones educativas, empresas, familias y sociedad civil resulta fundamental para proporcionar a los jóvenes alternativas que les permitan reintegrarse plenamente a la sociedad y evitar la reincidencia.
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