COLIMA.- El sistema de justicia penal debe revisar el papel que ocupa la víctima frente a los derechos y garantías otorgados a las personas imputadas, consideró el fiscal general del Estado de Colima, Bryant Alejandro García Ramírez, quien adelantó que fiscales del país trabajan en propuestas de reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Constitución.
Durante la entrevista con AFmedios, García Ramírez reconoció que las restricciones derivadas del debido proceso limitan la información que la Fiscalía puede hacer pública mientras una investigación se encuentra en curso.
Entre estas disposiciones se encuentran la protección de la identidad de personas imputadas, la restricción para mostrar rostros y otras garantías que deben respetarse mientras no exista una sentencia condenatoria.
Desde su perspectiva personal, señaló, se ha llegado a una situación en la que el imputado puede tener una protección mayor frente al papel que ocupa la víctima dentro del procedimiento.
“Creo que sí hemos dejado el papel central en este tema, que es la víctima”, expresó a título personal.
Como fiscal, sin embargo, reconoció que está obligado a respetar las disposiciones constitucionales y procesales vigentes.
Explicó que además existen razones de investigación para reservar información, pues revelar públicamente determinadas líneas podría alertar a personas ya identificadas y permitir que se sustraigan de la acción de la justicia.
Consideró que las instituciones podrían proporcionar mayor información sobre algunos asuntos de interés público, pero sostuvo que debe evaluarse cada caso para no comprometer las investigaciones.
El tema forma parte de una discusión más amplia entre fiscales del país
García Ramírez informó que durante una reciente reunión de fiscales generales realizada en Nayarit se analizaron posibles reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Constitución con el objetivo de fortalecer las herramientas disponibles para enfrentar la delincuencia.
Indicó que las propuestas podrían presentarse en septiembre y previamente serían revisadas por fiscales representantes de las distintas regiones.
Como representante de la zona Occidente, García Ramírez dijo haber planteado específicamente modificaciones relacionadas con la prueba anticipada.
Consideró que existen disposiciones que en la práctica dificultan determinadas actuaciones y que no necesariamente responden a las expectativas de las víctimas.
El fiscal sostuvo que las reformas deberán buscar mecanismos que permitan combatir de manera más eficaz a la delincuencia sin dejar de respetar el debido proceso y los derechos constitucionales de quienes participan en una investigación penal.
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