COLIMA.- Entre 30 y 35 por ciento del rezago de carpetas de investigación que existía al comienzo de la actual administración de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Colima ha sido abatido, afirmó el fiscal general Bryant Alejandro García Ramírez, quien señaló que la institución también ha determinado cerca del 60 por ciento de las carpetas generadas durante su gestión.
El funcionario explicó que cuando asumió la Fiscalía encontraron una cantidad importante de investigaciones pendientes, aunque precisó que no todas las carpetas que permanecen abiertas pueden avanzar hacia una judicialización.
Algunas, dijo, permanecen sin movimiento debido a que no existen datos de prueba suficientes para establecer una línea de investigación o identificar a la persona que probablemente cometió el delito.
García Ramírez explicó que una de las estrategias para reducir el rezago fue fortalecer el número de agentes del Ministerio Público sin incrementar de manera significativa la plantilla total.
Para ello, durante los primeros meses de 2022 se realizaron exámenes de oposición dirigidos a auxiliares del Ministerio Público, con el objetivo de identificar a quienes contaban con conocimientos y capacidades para asumir funciones como agentes.
Esto permitió que más servidores públicos pudieran hacerse cargo directamente de investigaciones, tanto de carpetas acumuladas de años anteriores como de nuevos asuntos.
“Crecimos en agentes del Ministerio Público, no en personal”, resumió.
El fiscal señaló que la institución tenía alrededor de mil 168 trabajadores cuando comenzó su administración y actualmente cuenta con cerca de mil 190, una diferencia relativamente pequeña considerando las necesidades que enfrenta la institución.
Además, destacó que una cantidad considerable de las carpetas iniciadas corresponde a hechos que finalmente no constituyen delitos, sino conflictos familiares, civiles o mercantiles.
En esos casos, explicó, las investigaciones no pueden concluir mediante una judicialización, vinculación a proceso o sentencia condenatoria, sino que pueden derivar en determinaciones como el no ejercicio de la acción penal.
García Ramírez cuestionó que algunas mediciones externas de impunidad consideren todas las carpetas abiertas bajo los mismos parámetros, sin distinguir aquellas en las que los hechos denunciados no configuran un delito.
Por otra parte, señaló que la Fiscalía cuenta con un área de mecanismos alternativos de solución de controversias, mediante la cual determinados asuntos pueden concluir a través de acuerdos reparatorios.
En este procedimiento intervienen facilitadores que buscan que las partes alcancen una solución satisfactoria sin necesidad de que el conflicto llegue hasta una etapa de juicio.
El fiscal aseguró que mediante este esquema se ha logrado recuperar una cantidad importante de recursos por concepto de reparación del daño, además de evitar que casos susceptibles de una solución alterna lleguen innecesariamente ante los tribunales.
Recordó que el propio sistema penal acusatorio está diseñado para que solamente una proporción reducida de los asuntos concluya mediante un juicio oral y que el resto pueda resolverse a través de otras salidas previstas legalmente.
Pese a los avances reportados, García Ramírez reconoció que siempre será necesario contar con más personal para investigar y resolver las carpetas que recibe la institución.
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