ATENTO, PERO NO PREOCUPADO
Por: Carlos M. HERNÁNDEZ SUÁREZ
He seguido con atención la polémica sobre los nuevos lineamientos de los derechos de las audiencias. Se ha dicho que podrían convertirse en una “ley mordaza”, en un instrumento para intimidar periodistas o controlar lo que dicen los medios. El asunto merece vigilancia, pero, la verdad, no me preocupa.
Y no lo estoy por una razón que poco tiene que ver con las buenas intenciones que podamos atribuir —o no— al gobierno mexicano: México no está solo en el mundo.
Nuestro país forma parte de una comunidad internacional en la que la libertad de expresión y de prensa constituye uno de los criterios con los que se juzga la calidad de una democracia. Tenemos una relación económica extraordinariamente estrecha con Estados Unidos y Canadá y vínculos políticos y comerciales muy importantes con la Unión Europea, el Reino Unido y democracias como España, Francia, Alemania e Italia.
Imaginemos que se cumplen los peores temores de quienes hoy hablan de una ley mordaza. Supongamos que dentro de algunos meses un periodista es sancionado por criticar al gobierno, un noticiero es presionado por una opinión incómoda o estos lineamientos comienzan a utilizarse sistemáticamente para disciplinar a los medios.
¿Realmente pensamos que no ocurriría nada?
En cuestión de horas, probablemente el caso estaría en medios internacionales. Vendrían las organizaciones defensoras de la libertad de prensa y, si los casos se acumularan, los pronunciamientos de organismos internacionales y gobiernos extranjeros.
No sería la primera vez. El Parlamento Europeo ya se ha pronunciado sobre la situación de los periodistas en México. La Unión Europea mantiene con nuestro país un diálogo formal sobre derechos humanos. Y en nuestro propio continente existe la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que observa precisamente este tipo de situaciones.
Estados Unidos y Canadá tampoco necesitarían imponer sanciones para hacer sentir su preocupación. Un pronunciamiento del Departamento de Estado, cuestionamientos en el Congreso estadounidense o canadiense, una resolución del Parlamento Europeo o una condena de la Comisión Interamericana tendrían inmediatamente repercusión internacional.
Y después aparece algo mucho más difícil de medir: la reputación.
México necesita inversión, mercados, cooperación y confianza. Necesita ser visto como un país democrático, estable y respetuoso de las libertades fundamentales. Puede discrepar con Washington, Ottawa, Madrid, París o Bruselas y lo hace con frecuencia. Lo que difícilmente puede permitirse es comenzar a ser percibido por sus principales socios como un país que está restringiendo institucionalmente la libertad de prensa.
No estoy diciendo que la presión internacional sea una garantía. Los países soberanos pueden tomar malas decisiones y sostenerlas a pesar de las críticas externas. Tampoco afirmo que Estados Unidos o Europa vayan a castigar económicamente a México ante el primer abuso. Sería una exageración.
Digo algo mucho más sencillo: en el mundo interdependiente de hoy también existen contrapesos externos.
Por eso estoy atento. Hay que leer los lineamientos, observar cómo se aplican y denunciar cualquier intento de utilizarlos para silenciar voces incómodas.
Pero preocupado, todavía no.
Para convertir los derechos de las audiencias en una verdadera ley mordaza no bastaría con aprobar unos lineamientos. Habría que utilizarlos sistemáticamente para censurar.
Y entonces México tendría un problema mucho mayor que una discusión interna sobre los medios: tendría que explicarle al mundo democrático por qué un país que quiere ser considerado parte de él ha comenzado a comportarse de otra manera.
Ese es un lujo que México no puede darse.
