APUNTES PARA EL FUTURO
Por: Essaú LOPVI
Hace poco tiempo, al terminar un programa, hablando con mi colega de Focus, Rubén Pérez, le dije que vivíamos un momento crucial para México, en el que la prensa se había convertido en la última trinchera de la democracia y que el Estado no tardaría en buscar cómo dinamitarla. Esta semana, el tiempo me dio la razón.
No llegó un decreto que prohibiera publicar investigaciones. No vimos soldados cerrando redacciones ni funcionarios clausurando periódicos. Eso sería demasiado burdo para una democracia que todavía necesita aparentar serlo.
Lo que llegó fue algo mucho más sofisticado: un anteproyecto con un conjunto de lineamientos que, bajo el noble argumento de proteger los derechos de las audiencias, introduce conceptos tan ambiguos que pueden convertirse en el mejor aliado de la autocensura.
La historia enseña que la libertad de expresión rara vez muere de un disparo. Casi siempre agoniza lentamente. Primero aparecen reglas «para proteger». Después llegan autoridades que deciden qué es verdad, qué estaba suficientemente contextualizado y qué información merece ser sancionada. Finalmente, ya no hace falta censurar a nadie porque los propios periodistas aprenden a callarse.
Es una forma de control infinitamente más eficaz. Y esa es precisamente la censura más peligrosa, porque ni siquiera necesita un censor.
Los nuevos lineamientos hablan de combatir la información falsa, distinguir la opinión de la noticia y proteger a las audiencias. Nadie en su sano juicio estaría en contra de esos objetivos. El problema no está en el propósito, sino en quién tendrá la facultad de decidir qué significa exactamente una «información veraz», cuándo un contexto es suficiente o cuándo un periodista incumplió con esos criterios.
Cuando los conceptos jurídicos dejan de ser precisos, dejan de ser justicia y se convierten en discrecionalidad.
Y la discrecionalidad siempre termina favoreciendo al poder.
La Constitución mexicana prohíbe la censura previa. El derecho de réplica existe precisamente porque las diferencias sobre una publicación deben resolverse después de que ésta se difunda, no antes de que un periodista decida si vale la pena correr el riesgo de publicarla.
Sin embargo, cuando las sanciones económicas pueden alcanzar porcentajes importantes de los ingresos de un medio, el mensaje deja de ser jurídico para convertirse en psicológico.
Publicar comienza a ser un riesgo financiero. Investigar se vuelve un pasivo. Preguntar demasiado puede salir caro. Y entonces ocurre lo inevitable: los temas incómodos desaparecen poco a poco. No porque ya no existan. Porque nadie quiere pagarlos.
Resulta paradójico que esto suceda precisamente cuando el periodismo enfrenta uno de los momentos más difíciles de su historia. Las redes sociales erosionaron el modelo de negocio de los medios tradicionales; la desinformación circula a una velocidad inédita; la inteligencia artificial puede fabricar noticias falsas en minutos y, además, México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.
En lugar de fortalecer a quienes todavía investigan, fiscalizan y cuestionan al poder, pareciera que se les coloca una nueva carga sobre los hombros.
Lo preocupante no es únicamente el contenido de estos lineamientos. Es el precedente. Cuando el Estado comienza a definir qué información es suficientemente verdadera, deja de ser un árbitro y empieza a convertirse en editor.
Y ningún gobierno —sin importar el partido, el presidente o la época— debería tener ese poder. Los gobiernos cambian. Las reglas permanecen.
Hoy algunos celebran estas medidas porque creen que servirán para controlar a los medios que critican al poder económico. Mañana otro gobierno utilizará exactamente las mismas herramientas para controlar a los medios que critiquen al poder político.
Así lo ha registrado la historia. Las leyes nunca se quedan con quienes las promueven. Terminan en manos de quienes llegan después.
Por eso la libertad de expresión y de prensa no se defiende según la simpatía que tengamos por un medio, un periodista o un gobierno. Se defiende porque, cuando se pierde, rara vez vuelve completa.
La democracia no empieza a morir cuando clausuran un periódico. Empieza a morir cuando un reportero decide no hacer una pregunta. Cuando un editor guarda una investigación en un cajón.
Cuando el silencio resulta más barato que la verdad. Y ese momento, me temo, que está por comenzar.
