El pez sin el agua
Por: Rubén PÉREZ ANGUIANO*
Los homicidios vinculados a la libertad de expresión son una constante, sobre todo en nuestro país. Se mata a quien dice o escribe por lo que dice o escribe. Es un indicador de la barbarie que acecha a la sociedad mexicana. Algunos de esos homicidios son de periodistas, pero también es posible que se asesine a quienes —sin ejercer formalmente el periodismo— difunden o analizan información de interés público: corrupción, delincuencia organizada, abusos de poder. En suma, algo se dice que incomoda a quienes tienen el poder de ordenar un homicidio.
Matar no es algo difícil, sólo se necesita no poseer límites éticos o morales y abundan quienes no los tienen. El caso es que cuando se mata a alguien, a quien sea, por esos motivos oscuros, no sólo se pierde una vida: también se pierde el derecho social a estar informado y se lastima la libertad de expresión. Todos aquellos con deseos de decir algo, atemorizados por la facilidad con la que se asesina, decidirán moderar sus expresiones públicas y elegirán callar para evitar un destino similar. Entonces los ciudadanos comienzan a vivir con una cadena invisible en la boca (como el famoso grabado de Adolfo Mexiac) o eligen resguardar sus palabras tras la “muralla de los dientes” (la expresión es de Homero, en La Odisea, tan de moda por estos días)
El caso es que ejercer la libertad de expresión se vuelve un oficio peligroso (Terry Gould). Las cifras allí están. La organización Artículo 19 documenta ya 19 homicidios de comunicadores desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum. Si vamos hacia atrás se registraron 47 en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 47 con Enrique Peña Nieto y 48 con Felipe Calderón. Cifras nada alentadoras que reflejan el triste estado de la realidad social y política en México.
En lo que va del 2026 se acumulan 6 homicidios de periodistas en el país, entre ellos el de Francisco Alejandro Leyva, en Oaxaca y el de Roxana Guzmán, en Veracruz, que fue secuestrada en su hogar en una aterradora escena grabada en video, quizás por ella misma.
Algo debería hacerse. Lo primero es intentar que la impunidad no destruya la confianza social en las instituciones, pero eso se aprecia como algo imposible en estos momentos. No olvidemos casos de homicidio donde parece dominar esa terrible impunidad. Tenemos un ejemplo a la vista: el asesinato de Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, un oscuro episodio ligado al secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, sin olvidar la participación del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Vaya, hasta se descubrió un montaje para simular que este homicidio había ocurrido en una gasolinera.
Pues bien, ya se clasificó toda información vinculada con el caso como “reservada”, considerando que su difusión presenta un riesgo significativo a “la seguridad nacional o al interés público”. En realidad, representa un riesgo significativo para los homicidas y sus cómplices, nada más.
Casos así, donde se liquida con impunidad a quien ventila casos graves de corrupción o asociación delictiva, como lo hizo el propio Cuén y después la información se esconde bajo llave, son una mancha en nuestra vida cívica y ofrecen estímulos a quienes tienen el poder de asesinar.
*Rubén Pérez Anguiano, colimense de 58 años, fue secretario de Cultura, Desarrollo Social y General de Gobierno en cuatro administraciones estatales. Ganó certámenes nacionales de oratoria, artículo de fondo y ensayo. Fue Mención Honorífica del Premio Nacional de la Juventud en 1987. Tiene publicaciones antológicas de literatura policíaca y letras colimenses, así como un libro de aforismos.
