APUNTES PARA EL FUTURO
Por: Essaú LOPVI
Por momentos, la política mexicana parece moverse más por reflejo que por estrategia. La reacción del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ante las acusaciones del gobierno de Estados Unidos, encaja perfectamente en esa lógica: negar, politizar y escalar el conflicto al terreno ideológico.
No es un caso menor. La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York no solo lanzó señalamientos graves —vínculos con el Cártel de Sinaloa, protección institucional, tráfico de drogas—, sino que colocó en el centro del debate algo aún más delicado: la presunta colusión entre poder político y crimen organizado en uno de los estados más emblemáticos del narcotráfico en México. Y para ser sincero ya no nos sorprende nada de en él.
Conviene añadir un elemento que no es menor en este contexto: si hoy existe un país con acceso privilegiado a información de inteligencia sobre el narcotráfico mexicano, ese es Estados Unidos. No solo por sus capacidades institucionales, sino por un hecho concreto y reciente: varios de los principales líderes del cártel están bajo su custodia. Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera cumple cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence; Ismael «El Mayo» Zambada fue detenido en 2024 y enfrenta proceso judicial en Nueva York; y Joaquín Guzmán López, capturado ese mismo año, se declaró culpable y colabora con las autoridades estadounidenses. A ello se suma el caso de Ovidio Guzmán López, también bajo custodia y vinculado a esquemas de cooperación. No se trata de asumir como verdad automática cada acusación, pero sí de entender que el nivel de información que hoy posee Washington no es menor ni improvisado.
La respuesta del gobernador fue inmediata y contundente en forma, pero no en fondo. Calificó las acusaciones como falsas, sin sustento, y prometió que serán desmentidas. Hasta ahí, lo esperable. Nadie anticipaba una admisión de responsabilidad. Sin embargo, el giro vino después: Rocha Moya no solo se defendió, sino que trasladó el golpe hacia una narrativa más amplia, asegurando que se trata de un ataque contra la Cuarta Transformación y contra la soberanía nacional.
Ahí es donde la discusión se contamina. Porque una cosa es cuestionar la validez de una acusación judicial extranjera —lo cual es legítimo y necesario— y otra muy distinta es convertir un señalamiento penal en una bandera política. Cuando se recurre a la soberanía como escudo inmediato, el riesgo es evidente: desviar la atención del fondo del asunto.
Y el fondo es incómodo. Si las acusaciones son falsas, deberán desmontarse con pruebas, no con discursos. Si son ciertas —aunque sea parcialmente—, el problema es de una gravedad institucional mayúscula. No se trata solo de un gobernador, sino de la posible infiltración del crimen organizado en estructuras de gobierno, algo que México lleva décadas intentando contener, con resultados dispares.
El argumento de la soberanía, invocado por Rocha Moya bajo el amparo del Artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es menor. México, como cualquier país, tiene derecho a rechazar injerencias externas. Pero aquí hay una línea delgada: las acusaciones no son un acto diplomático, sino judicial. Y están dirigidas, no contra el Estado mexicano, sino contra individuos específicos.
Esa distinción importa. Porque si cada señalamiento internacional se interpreta automáticamente como un agravio a la nación, se corre el riesgo de blindar políticamente a cualquier funcionario bajo el paraguas del nacionalismo. Y eso, lejos de fortalecer la soberanía, la debilita.
El gobernador también habló de dignidad. Y sí, la dignidad institucional se defiende. Pero no con retórica, sino con transparencia. En un contexto donde la violencia en Sinaloa sigue marcando la agenda cotidiana, donde los nombres de los grupos criminales no son abstractos sino presencia real, las explicaciones deben estar a la altura de los señalamientos.
La pregunta, entonces, no es solo si Rocha Moya es culpable o inocente. Esa será tarea de los tribunales. La pregunta es si la respuesta política está contribuyendo a esclarecer o a oscurecer.
Por ahora, parece lo segundo. Porque en medio del ruido, lo que menos aparece es lo esencial: información verificable, rendición de cuentas y una postura institucional que no se esconda detrás de consignas.
En este episodio, más que un conflicto entre países, lo que está en juego es la credibilidad. Y esa, a diferencia de los discursos, no se decreta: se construye o se pierde.
