Colima, Colima.— La asociación civil DEMAREM A.C. denunció un intento de “greenwashing” y manipulación del discurso público luego de que autoridades estatales celebraran el rechazo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) al Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) para la ampliación del Puerto de Manzanillo, particularmente en la zona de la Laguna de Cuyutlán.
El greenwashing, o «lavado de imagen verde» en español, es una estrategia de marketing engañosa utilizada por empresas para aparentar ser respetuosas con el medio ambiente cuando, en realidad, sus actividades no lo son.
En un comunicado difundido este 28 de enero, la organización expresó su preocupación por los mensajes emitidos por la gobernadora Indira Vizcaíno Silva y por Angélica Jiménez, directora del Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Colima (IMADES), quienes —señala DEMAREM— presentan el rechazo del MIA como si se tratara de un ajuste técnico que conduciría automáticamente a “un puerto mejor planeado para todos”.
De acuerdo con la asociación, esta narrativa minimiza el fondo del problema, ya que el rechazo del estudio ambiental confirma la gravedad de los impactos no evaluados y la alta fragilidad del ecosistema lagunar donde se pretende desarrollar la expansión portuaria.
DEMAREM también calificó como inaceptable la promoción de una supuesta Área Natural Protegida (ANP) de 200 mil hectáreas, anunciada por la titular del IMADES, que abarcaría mar, montaña, la Laguna de Cuyutlán y el Volcán de Colima. La organización advirtió que este planteamiento omite la realidad del territorio, donde persisten presiones históricas por actividades extractivas, particularmente mineras, incluso en zonas vinculadas a la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán.
Además, subrayó que la creación de un ANP no compensa ni exime los impactos derivados de la ampliación del Puerto de Manzanillo y que, por el contrario, estas áreas podrían verse vulneradas por la contaminación y la actividad portuaria posterior.
“La declaratoria de conservación no puede usarse como distractor mediático ni como justificación para un proyecto que pone en riesgo un ecosistema clave”, advirtió la asociación.
Rechazan uso de comunidades como legitimación del proyecto
En el comunicado, DEMAREM calificó como una burla el uso de la imagen de pescadores, salineros y defensores del territorio para legitimar lo que considera un “proyecto de muerte” que afectaría la naturaleza y las actividades tradicionales de Colima en beneficio de intereses privados.
Sostuvo que existe una estrategia de comunicación para reducir el costo político y social del proyecto, al presentarlo como un beneficio general, cuando —asegura— los principales impactos recaerían en comunidades que dependen directamente de la laguna.
Niegan que exista consulta con pescadores y salineros
La organización desmintió de manera categórica las versiones oficiales que aseguran que el sector pesquero y salinero ya fue consultado o que respalda la ampliación portuaria. Señaló que reuniones informales, anuncios mediáticos o encuentros selectivos no constituyen una consulta válida.
Una consulta real, afirmó DEMAREM, debe ser previa, libre, informada, transparente, documentada y representativa, con acceso público a información técnica completa y comprensible.
Llamado a la sociedad y exigencias
DEMAREM llamó a la sociedad colimense a no dejarse engañar por discursos que prometen beneficios generales mientras ocultan impactos irreversibles. Recalcó que la Laguna de Cuyutlán no es un “detalle técnico”, sino un sistema vivo del que dependen economías locales, biodiversidad e identidad territorial.
Entre sus principales exigencias, la asociación demandó:
*Transparencia total y publicación de toda la información técnica del proyecto.
*Una consulta real y verificable con pescadores y salineros.
*Evaluaciones ambientales independientes y sin conflictos de interés.
*Que se priorice el interés público y el bienestar socioambiental de Colima.
Finalmente, DEMAREM afirmó que existe un movimiento amplio de ciudadanía, asociaciones civiles, especialistas y comunidades directamente afectadas que continuará señalando los riesgos del proyecto y defendiendo la Laguna de Cuyutlán.
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