La Fiscalía General encontró al culpable perfecto

APUNTES PARA EL FUTURO
Por: Essaú LOPVI

Trece personas murieron. Noventa y ocho quedaron heridas. Cinco pelearon por su vida. Y aun así, la Fiscalía General de la República llegó a una conclusión tan rápida como cómoda: el responsable fue el operador del tren.

Ni los proveedores.
Ni los constructores.
Ni los operadores.
Ni la estructura.
Ni la planeación.
Ni el proyecto político.
Ni quienes lo empujaron, lo operaron, lo aceleraron y lo blindaron.

La cuerda, como siempre, se rompió por la parte más delgada.

El informe presentado por la fiscal Ernestina Godoy Ramos pretende vestir de ciencia forense lo que en realidad es una decisión política. Cajas negras, peritajes, tablas de velocidad, fuerzas centrífugas. Todo muy técnico. Todo muy preciso. Todo cuidadosamente diseñado para no mirar hacia arriba.

Porque si el problema fue únicamente el exceso de velocidad, entonces el Estado queda absuelto. Si fue el maquinista, entonces la Marina —operadora del tren— queda limpia. Si fue un error humano, entonces nadie en la cadena de mando tiene nada que explicar.

El operador acelera.
El sistema lo permite.
El poder se lava las manos.
Pero la historia completa no cabe en una aguja de velocímetro.

Desde 2019, el propio gobierno sabía que ese tramo de la Línea Z tenía pendientes y curvaturas peligrosas. La Auditoría Superior de la Federación documentó contratos apresurados, planeación deficiente, obras iniciadas sin estudios completos, observaciones por posibles daños a la Hacienda pública y advertencias que nunca se tradujeron en responsabilidades. Todo está escrito. Todo es público. Todo fue ignorado.

Aun así, el tren se autorizó.
Aun así, el tren circuló.
Aun así, se inauguró.
Aun así, se vendió como símbolo del desarrollo.

Y ahora, tras la tragedia, la Fiscalía nos dice que la vía estaba bien, el tren funcionaba correctamente y el único factor relevante fue la velocidad. Es decir, el Estado no falló; falló el individuo.

Ese es el viejo truco del poder.

Lo verdaderamente grave no es que se investigue al operador —eso es obligatorio—, sino que se decida investigar solo al operador. Porque cuando se acota la verdad, también se acota la justicia.

Nada se dice de la Secretaría de Marina, una institución militar administrando un proyecto civil multimillonario sin controles civiles efectivos. Nada se dice de las presiones políticas por cumplir calendarios y cortar listones. Nada se dice de quienes, sin cargo formal, movieron hilos, tocaron puertas y cerraron negocios alrededor del Corredor Interoceánico, los mismos apellidos que ya aparecen una y otra vez cuando se habla del Tren Maya y de la obra pública convertida en botín.

Desde Palacio Nacional ya se había marcado la línea: ¿por qué investigar a los hijos del expresidente si no cobraban? Como si el poder necesitara recibos. Como si la corrupción se facturara. Como si en México no supiéramos cómo opera la influencia sin contrato.

Este caso era la prueba de fuego para la nueva fiscal general. La oportunidad de demostrar que la Fiscalía no seguiría siendo una oficina de control de daños del régimen. Pero la respuesta fue clara, predecible y profundamente decepcionante: la Fiscalía volvió a ponerse del lado del poder, no de las víctimas.

Porque justicia no es solo señalar al que iba en la cabina. Justicia es preguntar quién diseñó el camino, quién autorizó el riesgo, quién ignoró las alertas y quién decidió que avanzar era más importante que detenerse.

Hoy, el Estado nos pide aceptar una verdad mínima para una tragedia máxima. Nos pide creer que trece muertos se explican con un solo nombre. Nos pide resignarnos a que el sistema nunca es culpable, solo sus engranes más débiles.

Pero la realidad es otra: el tren no se descarriló solo. Fue empujado durante años por decisiones políticas, negligencias administrativas y una lógica de impunidad que sigue intacta.

La Fiscalía ya habló. El poder ya se protegió. Ahora que cada quien saque sus propias conclusiones. Aunque a medio país, esta vez, no les crea ni una línea.

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