Apuntes de Reportero
Por Edgar TORRES
La persecución política se refiere al trato sistemático e injusto de un individuo o grupo por parte de un gobierno debido a sus creencias políticas. Esto a menudo implica el uso indebido del sistema legal, la violación de los derechos humanos y la represión de la disidencia.
En Manzanillo, un grupo de exfuncionarios se aprobó un bono de más de 30 millones de pesos al finalizar su administración, al que denominaron “Bono de sobrevivencia”. Ante ello, la justicia los ha llamado a rendir cuentas por la posibilidad de que este sea un acto ilegal.
De hecho, el propio Síndico municipal, cuyo encargo es ser el representante legal del Ayuntamiento, le advirtió a la entonces alcaldesa que lo que intentaba hacer era ilegal, que podría representarle un problema legal a ella y al municipio al aprobarse un bono para ella y sus empleados de confianza.
¡Apúntele!
Cuando la ley investiga este tipo de acciones, no está persiguiendo a los individuos por sus ideas políticas, sino que está actuando en el marco de la justicia para determinar si se ha cometido un delito.
La rendición de cuentas es un principio fundamental en una democracia. Los funcionarios están obligados a usar los recursos públicos de manera transparente y para el bien de la ciudadanía. ¡Apúntele bien! Cuando no lo hacen, es responsabilidad del sistema legal investigarlos.
La persecución política, en cambio, ocurre cuando el sistema legal se utiliza como una herramienta para reprimir a opositores o silenciar a la disidencia, sin un fundamento legal genuino o con cargos fabricados.
Para que se considerara persecución política, los políticos deberían poder demostrar que los cargos en su contra son completamente infundados y que el proceso legal ha sido manipulado con el único fin de inhabilitarlos políticamente, sin importar si cometieron o no un delito. Sin embargo, ¡Apúntele! En este caso la aprobación del bono justifica la investigación legal.
Y no solamente se ha llamado a rendir cuentas a Griselda, Martha y sus exfuncionarios, sino que también hay procesos abiertos contra Ignacio Peralta, Arnoldo Ochoa, Carlos Noriega y Ricardo Urzúa.
Apúntele…
