Ciudad de México, 15 de junio de 2025 — El consejero electoral Arturo Castillo pidió al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) abstenerse de declarar la validez de los resultados en siete procesos de elección judicial, al advertir posibles irregularidades que podrían haber afectado la equidad de la contienda.

Durante su intervención, Castillo expuso que existe un cúmulo significativo de indicios que apuntan a una estrategia coordinada para beneficiar a ciertas candidaturas mediante el uso masivo de «acordeones», es decir, hojas con instrucciones de voto que circularon ampliamente entre el electorado.

Según el consejero, en las elecciones de cargos nacionales, las candidaturas ganadoras estuvieron incluidas en el 80% de los modelos de acordeón analizados, mientras que en las cuatro salas regionales del Tribunal Electoral la coincidencia fue del 85% en promedio.

Esta coincidencia tan alta, dijo, “constituye un indicio de que, a pesar de las diferencias entre los acordeones, se trató de una estrategia dirigida intencionalmente a beneficiar a las mismas candidaturas”.

Castillo alertó que, de acreditarse estas prácticas como propaganda ilícita, se configuraría una afectación directa a la equidad en la contienda, lo que podría dar pie a la nulidad de las elecciones conforme al artículo 77 Ter, inciso E, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Esta disposición contempla la posibilidad de anular una elección si se comprueba el uso indebido de recursos públicos o privados.

Además, el consejero subrayó que el resultado de las elecciones judiciales coincidió “idénticamente” con las candidaturas promovidas en los acordeones, lo cual —a su juicio— refuerza la hipótesis de que su distribución pudo haber sido determinante en el resultado final.

Castillo reconoció que los indicios no constituyen prueba plena y que la declaración de nulidad es facultad exclusiva del Tribunal Electoral. Por ello, propuso formalmente al Consejo General del INE:

  1. No declarar la validez de las elecciones correspondientes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral (excepto la de Toluca).

  2. Otorgar las constancias de mayoría a las candidaturas ganadoras, dado que no se pueden restringir derechos con base únicamente en indicios.

  3. Dar vista de estos elementos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que determinen lo que en derecho proceda.

El proceso de fiscalización de los recursos empleados en la elección concluirá en julio, y podría aportar mayores elementos sobre el posible uso de financiamiento indebido.

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