Ocho de cada 10 adultos en México, usuarios de internet, han sido víctimas del cibercrimen, de acuerdo con el más reciente Reporte de Crimen Cibernético de la empresa Symantec, especializada en seguridad para sistemas informáticos.
Esto lo coloca en el tercer lugar mundial con víctimas por crímenes cibernéticos, solo por debajo de China y Sudáfrica, con el 85% y 84% de usuarios víctimas, respectivamente. El país también es una de las capitales mundiales con mayor cantidad de crímenes cibernéticos cometidos a través de virus informáticos: siete de cada 10 usuarios, según Symantec.
Aunque no hay una definición para definir el cibercrimen, en esta categoría entran delitos como fraudes y amenazas en internet, hackeo, pornografía infantil en la web, entre otros.
Los crímenes más comunes en el mundo son los ataques con virus informáticos, las estafas por internet y el phishing, que es el término utilizado para la acción quienes adquieren información confidencial de manera fraudulenta en internet, de acuerdo con el reporte elaborado con base en 19,636 entrevista a usuarios de 24 países, hecho por Symantec.
En México, casi ninguno de estos delitos tiene castigo porque los códigos penales son insuficientes y las faltas cometidas en la red son muy variadas, coincidieron académicos y un legislador que prepara una iniciativa de reforma al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales, a nivel federal, para tipificar los distintos ciberdelitos.
Ciberdelito y seguridad nacional
“El problema de la ciberdelincuencia va más allá de la seguridad pública en estricto sentido y llega niveles de seguridad nacional», alertó Julio Téllez, académico especialista en ciberjusticia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
«Algunos hackers están en posibilidad de acceder a información secreta, confidencial o privilegiada y que eventualmente podrían darle un uso que podría afectar estos temas de seguridad nacional».
Además de la falta de una tipificación puntual sobre la gama de delitos, México está imposibilitado a sancionar las acciones ilegales que sean perpetradas desde fuera del territorio nacional, dijo el académico.
En julio de este año, Guillermo Valdés, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), advirtió del creciente riesgo por los ataques cibernéticos y, al comparecer ante senadores todavía como titular de la dependencia, señaló que la ciberseguridad es uno de los aspectos que junto con el crimen organizado, los grupos armados y el terrorismo, amenaza la estabilidad del país.
Un episodio que recientemente puso en evidencia la vulnerabilidad del gobierno mexicano fueron las operaciones que llevaron a cabo los ciberactivistas autonombrados Anonymous. El 15 de septiembre del 2011, esta agrupación internacional bloquearon el acceso a varias páginas web del gobierno federal y algunas locales, como la Secretaría de Defensa Nacional y la del Congreso del estado de Nayarit, que estuvieron “caídas” durante horas.
CNNMéxico solicitó una entrevista a la Unidad de Delitos Electrónicos de la Secretaría de Seguridad Pública federal, pero le fue denegada al señalar que los mandos encargados de combatir los delitos cibernéticos estaban participando en operativos relacionados con los Juegos Panamericanos o en ciudades como Monterrey o Cuidad Juárez.
A nivel internacional algunos países que no solo han modificado sus códigos penales, sino también han creado leyes específicas respecto al uso de redes y que han tipificado detalladamente los delitos que se comenten en el ciberespacio, dijo Téllez.
Es por eso que la cooperación de los cuerpos de seguridad internacional es importante, para desarticular redes de delincuentes mundiales que cometen delitos en internet.
“Hay una convención respecto a este tipo de criminalidad (cibernética) que se conoce como el Convenio de Budapest, en el que ha habido un cierto titubeo por parte de México en cuanto a su ratificación, pero esto puede dar pauta para poder orquestar de algún modo operativos a nivel internacional para este tipo de delincuencia”, indicó Téllez.
Legislación contra el cibercrimen mexicano
Tras el diagnóstico de expertos, en México un grupo de diputados presentará en unas semanas una iniciativa de reforma al Código Penal para tipificar de manera más detallada los delitos cibernéticos.
“La realidad rebasa a la legislación, en este caso el Código Penal Federal y el Código de Procedimientos Penales, ninguno de los dos marcos jurídicos tiene una disposición específica sobre terrorismo a través de redes, como redes en internet o delitos a través de medios electrónicos”, dijo en entrevista el diputado Rodrigo Pérez Alonso, diputado del Partido Verde Ecologista de México y presidente del comité de acceso digital de la cámara baja
El Código Penal federal sanciona a “aquellos que sin autorización modifiquen, destruyan o provoquen pérdida de información contenida en sistemas o equipos informáticos protegidos por algún mecanismo de seguridad”, ya sea de propiedad privada, del Estado o de alguna institución financiera.
A nivel local, estados como Veracruz, realizaron recientemente reformas a su código penal en el que se abrieron las puertas para castigar a aquellos que difundan información falsa a través de las redes sociales.
Ante este tipo de reformas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidar las reformas al código penal de Veracruz.
Iliana Rodríguez, investigadora del departamento de estudios jurídicos y sociales del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México, resaltó la importancia de legislar en la materia sin que eso vaya en contra de la libertad de expresión de los usuarios de las redes sociales.
Para la especialista en legislación internacional, actualmente algunos han incluido entre los «ciberterroristas» a agrupaciones de «ciberactivistas» como Anonymous, pese a que para ella, el ciberterrorismo está mucho más vinculado con organizaciones terroristas que a través de la intrusión a redes gubernamentales o privadas, pueden causar daños reales a la población, tales como la suspensión de servicios eléctricos o acceso a centrales nucleares.
“Desde hace prácticamente una década existe lo que se le llama ciberactivista que es la conjunción del hacker con el activista, pero cuando surgen esos movimientos, justamente lo que ellos plantean son básicamente realizar activismo, pero de ninguna manera se adjudican el término de ciberterroristas”, explicó.
Las agrupaciones cono Anonymous, o incluso el fundador de Wikileaks, Julian Assange, han señalado que su activismo busca poner fin a algunas acciones de gobiernos de diferentes países del mundo que no permiten el libre flujo de información que es de relevancia para la población, o que atentan contra la libertad de expresión.
Con información de CNN
