Morelia, Michoacán.— Dieciocho horas de audiencia bastaron para definir uno de los capítulos más tensos y complejos del caso por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

La sesión inició a las 12:30 horas del miércoles y se prolongó hasta las 6:30 de la mañana de este jueves. A las 6:01, cuando apenas despuntaba el amanecer, el juez ya había anunciado su resolución: vinculación a proceso para Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, y para siete elementos municipales, cada uno por los delitos que la Fiscalía les atribuye.

Acusaciones de tortura y una versión que no convenció al juez

Durante su intervención, “El Licenciado” aseguró que fue víctima de tortura y que solo supo que estaba detenido cuando llegó a las instalaciones de la Fiscalía. Afirmó haber sido arrestado mientras se dirigía a ver jugar a su hijo y negó cualquier relación con grupos criminales. Enfatizó su trayectoria profesional: licenciado en Ciencias de la Comunicación, excolaborador de la Comisión Federal de Electricidad y asesor en el Congreso del Estado.

El juez escuchó sus declaraciones y ordenó investigar el señalamiento de tortura de forma independiente, pero advirtió que no había elementos suficientes para detener el avance del proceso penal. La audiencia continuó.

Defensas bajo presión y pruebas desestimadas

Las defensas del presunto autor intelectual y de los siete municipales buscaron afianzar sus argumentos. En la sala declararon también elementos de la Guardia Nacional, quienes aseguraron pertenecer al “segundo círculo” de seguridad del alcalde, sin acceso al grupo más cercano de ocho agentes municipales.

Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando la defensa intentó introducir un dictamen balístico externo que, basado únicamente en fotografías, sugería que el presunto tirador abatido, Víctor Hugo, habría muerto por impactos de un arma distinta a la suya. El juez fue categórico: “no estamos viendo ese tema aquí, estamos analizando homicidio y lesiones”, y desechó la prueba.

La tesis de la Fiscalía: ataque planeado y omisiones graves

La Fiscalía expuso la línea medular de su investigación: “El Licenciado” sería el presunto autor intelectual de un ataque meticulosamente preparado. De acuerdo con los datos presentados, habría coordinado rutas, logística, seguimiento y ejecución, y mantenía vínculo con tres hombres que participaron directamente en la agresión.

Uno de ellos, Víctor Manuel “N”, fue abatido en el sitio del atentado; los otros dos, Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, aparecieron muertos días después en circunstancias que la propia Fiscalía considera posiblemente relacionadas con un intento de frenar la investigación.

En paralelo, el Ministerio Público argumentó que los siete policías municipales encargados de la seguridad del alcalde incurrieron en homicidio calificado en su modalidad de comisión por omisión, al no actuar para impedir el ataque.

La detención de los ocho imputados se realizó mediante un operativo conjunto de la Guardia Nacional, Sedena, SSPC federal y la Secretaría de Seguridad Pública del estado, derivado de órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso.

Tras una maratónica jornada de alegatos, contraargumentos y disputas técnicas, el juez resolvió la vinculación a proceso de los ocho imputados, dictó prisión preventiva y otorgó tres meses para la investigación complementaria, además de un plazo máximo de dos años para concluir el proceso judicial.

La Fiscalía General del Estado aseguró que mantendrá coordinación con el Gabinete de Seguridad para dar seguimiento al caso, llevar a juicio a todos los involucrados y esclarecer por completo el crimen que sacudió a Uruapan y estremeció a Michoacán.

Prófugo exsecretario de Seguridad Pública y jefe de escoltas del alcalde Carlos Manzo

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