México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó las afirmaciones emitidas por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED, por sus siglas en inglés) respecto a la situación de desapariciones en México, luego de que este organismo anunciara la apertura de un procedimiento bajo el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
En un comunicado oficial, la Cancillería aseguró que “las afirmaciones emitidas por el Comité carecen de sustento y no son admisibles”, y reiteró que la desaparición de personas es un delito grave que se combate mediante una política de Estado basada en prevención, investigación y sanción. La SRE destacó que México ha sido uno de los países más abiertos al escrutinio internacional, ratificando todos los Tratados de Derechos Humanos.
El CED informó durante la Asamblea General de Naciones Unidas que México ha registrado oficialmente 134 mil personas desaparecidas y no localizadas, lo que posiciona al país en primer lugar en acciones urgentes sobre desapariciones forzadas reportadas por este organismo. En marzo de 2025, el Comité activó por primera vez el artículo 34 de la Convención en relación con México y solicitó información al Estado, la cual fue presentada en septiembre, aunque el gobierno pidió que se mantuviera en sigilo.
El representante permanente de México ante la ONU, Héctor Vasconcelos, criticó la medida y aseguró que la aplicación del artículo 34 debe reservarse para situaciones excepcionales y sustentarse en criterios objetivos para no afectar la cooperación entre los estados parte.
La SRE enfatizó que el fenómeno de desapariciones forzadas en México está principalmente vinculado con la delincuencia organizada, por lo que el gobierno federal implementa la Estrategia Nacional de Construcción de Paz y Seguridad, además de robustecer el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. También se han fortalecido las instituciones encargadas de la búsqueda e identificación de personas, se han desarrollado nuevas herramientas de coordinación interinstitucional y se mantiene un diálogo constante con familiares y colectivos de víctimas.
“La cooperación es el principio fundamental que debe regir la relación entre los órganos de tratados y los Estados”, concluye el comunicado, subrayando que el informe presentado al Comité debe ser analizado con objetividad antes de emitir nuevos juicios sobre la situación en México.
