Por Balvanero Balderrama García. balvanero@gmail.com / @Balvanero.B
Derecho a saber.
La información que se origina en el ámbito público debe ser de ese dominio: público.
Este derecho, a la información, está consagrado en el Art. 6 de la CPEUM. Entre otre otros tópicos relacionados señala:
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
Quien garantiza ese derecho es el Estado.
Lo anterior en el marco del Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, que promueve la UNESCO desde el 2015 con el objetivo de reafirmar el derecho de todas las personas a buscar, recibir y difundir información.
Por supuesto que este derecho está vinculado con otros: libertad de expresión, democracia, por señalar algunos.
La información, oportuna, verdadera, comprobada, es un derecho. Lo acabamos de vivir en la zona que fue afectada por el sismo del pasado 19 de septiembre. Hubo noticias falsas, alertas de tsunami que no eran reales, por ejemplo.
Aquí entra en la labor de medios comprometidos con los derechos de sus audiencias; afortunadamente hay muchos, cito el caso de la radio Universo 94.9, quien realizó una cobertura casi inmediata al evento telúrico y mantuvo sus micrófonos al aire, con guardias nocturnas de su personal en sus instalaciones para informar.
Otro evento que es de importancia, es el esperado engrose -así se denomina- de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre su resolución del pasado 29 de agosto de dejar sin efecto la (contra) Reforma sobre Derechos de las Audiencias.
Seguimos esperando, de entonces a ahora, qué procede: queda vigente la del 2014, se legisla nuevamente… en tanto, la incertidumbre de estos derechos, de todas y todos. Y a río revuelto ganancia de pescadores, la des-información sobre la supuesta censura que implican esos derechos, por citar sólo el argumento más llevado y traído.
El INEGI nos informó algo, respecto a esta fecha, que nos debería hacer reflexionar: en el 2020, hubo una disminución del 17.9% de solicitudes de acceso a la información, respecto del año inmediato anterior. Podríamos generar algunas preguntas: ¿las instituciones son más transparentes por ello se hicieron menos solicitudes? ¿hay un desánimo para hacerlas?
Es tu derecho y el mío, saber qué se hace, cómo se hace, por qué, cuándo, dónde, por quién con los recursos públicos. Obligación es de las instituciones públicas y autónomas informar y responder.
Recordemos que el derecho que no se conoce no se ejerce.
Y, en algo muy particular, exijamos que la SCJN emita ya el engrose sobre los derechos de las audiencias.
