COLIMA.- El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE), Martín Flores Castañeda, consideró positivo el anuncio de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva sobre un próximo abono de 100 millones de pesos al Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima (Ipecol), aunque sostuvo que el Poder Ejecutivo estatal mantiene un adeudo de 743 millones de pesos con el organismo pensionario.
El dirigente sindical señaló que, de concretarse el pago durante la primera quincena de noviembre, como anunció la mandataria estatal, se reconocerá que existe una respuesta a las demandas del sindicato para regularizar las aportaciones pendientes.
“Habremos de aceptar que se está atendiendo el llamado de auxilio, el llamado de cumplimiento y la exigencia de pago”, expresó Flores Castañeda, quien reconoció la disposición del Gobierno del Estado para realizar este abono.
Consideró que el anuncio representa un avance en la atención de las demandas sindicales, que han insistido en la necesidad de que las instituciones públicas cumplan con sus obligaciones financieras ante el Ipecol.
Explicó que la exigencia del STSGE tiene como propósito proteger la viabilidad del sistema de pensiones, garantizar los derechos de los trabajadores al servicio del Estado y exigir el cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con las aportaciones al instituto.
No obstante, reiteró que el Poder Ejecutivo estatal mantiene un adeudo de 743 millones de pesos, cifra que, aseguró, está respaldada por los balances financieros oficiales del organismo pensionario.
“Los números que nosotros tenemos son estrictamente los que aparecen en el balance institucional del Ipecol”, puntualizó.
Flores Castañeda precisó que dicho monto corresponde a los registros financieros disponibles hasta la sesión ordinaria del pasado 17 de septiembre, sin que hasta el momento se haya presentado una actualización que modifique esa cantidad.
Por ello, sostuvo que el eventual abono de 100 millones de pesos representaría un avance, pero no resolvería el problema de fondo, por lo que el sindicato mantendrá su exigencia de regularizar la totalidad de los recursos pendientes.
Finalmente, insistió en que el cumplimiento de estas obligaciones es fundamental para dar certeza financiera al sistema pensionario y proteger los derechos de los trabajadores estatales.
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