Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó y envió al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, con el objetivo de homologar en todo el país la investigación, sanción y reparación de este delito, además de garantizar la cero impunidad.
Durante la conferencia matutina, la mandataria señaló que la nueva legislación busca fortalecer la prevención, mejorar la atención a las víctimas y asegurar que todas las fiscalías del país investiguen los feminicidios bajo los mismos criterios, evitando que estos casos sean clasificados como suicidios u otros delitos.
“Esta ley general garantiza que todo eso pueda disminuirse al máximo y que realmente tengamos cero impunidad frente a los feminicidios”, afirmó.
Sheinbaum destacó que, como la primera mujer en ocupar la Presidencia de México, asumió el compromiso de proteger a las mujeres frente a la violencia y recordó que durante su administración se incorporaron a la Constitución derechos como la igualdad sustantiva, el derecho a una vida libre de violencia y la eliminación de la brecha salarial.
Aunque informó que el delito de feminicidio ha disminuido 36 por ciento respecto a 2021, subrayó que el objetivo es erradicar por completo este crimen.
Penas de 50 a 70 años de prisión
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal explicó que la iniciativa unifica el tipo penal de feminicidio en todo el país, estableciendo que comete este delito quien prive de la vida a una mujer por razones de género.
La propuesta contempla 10 razones de género para acreditar el delito, entre ellas antecedentes de violencia contra la víctima, violencia sexual, estereotipos o prejuicios de género y contextos de desigualdad de poder.
Asimismo, establece penas de 50 a 70 años de prisión, además de 19 agravantes que incrementarán la condena hasta en una mitad, como cuando la víctima esté embarazada, viva con discapacidad, sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante, o cuando el responsable sea un servidor público.
Sin beneficios legales para los responsables
La iniciativa también establece que quienes sean condenados por feminicidio perderán derechos sucesorios, la patria potestad, la guarda y custodia de menores, además de ser destituidos e inhabilitados para ocupar cargos públicos.
Asimismo, el delito será imprescriptible, al igual que la reparación del daño, y no podrán aplicarse beneficios como amnistías, libertad condicionada, conmutación de penas ni criterios de oportunidad.
Derechos para las víctimas
La propuesta reconoce el derecho de las víctimas y sus familias al acceso a la verdad y la justicia, atención médica y psicológica especializada, asistencia jurídica gratuita, apoyo integral para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, así como la restitución digna del cuerpo de la víctima.
También plantea la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, campañas permanentes de prevención, grupos técnicos especializados y planes integrales de protección para víctimas sobrevivientes.
El Gobierno de México informó que la iniciativa busca fortalecer la coordinación entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y atención a víctimas para garantizar investigaciones con perspectiva de género y erradicar la violencia feminicida en todo el país.
