Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respaldó la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera inmovilizar cuentas bancarias sin orden judicial previa, al asegurar que esta medida fortalece el combate al lavado de dinero y no representa un riesgo para el sector empresarial.
Durante su posicionamiento, la mandataria explicó que la decisión de la Corte ratifica criterios que ya habían sido establecidos previamente por tribunales, y subrayó que la UIF siempre ha contado con esta facultad como parte de sus atribuciones administrativas.
“La UIF tiene como función evitar el lavado de dinero, investigar operaciones vinculadas con corrupción, delincuencia organizada o delitos de cuello blanco. Su labor es proteger el sistema financiero nacional”, sostuvo.
Sheinbaum enfatizó que la inmovilización de cuentas no debe confundirse con el congelamiento, ya que este último corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República. En ese sentido, explicó que la UIF aplica medidas administrativas cuando detecta operaciones sospechosas.
La presidenta también cuestionó el esquema anterior, en el que los afectados podían obtener suspensiones inmediatas mediante amparos, lo que permitía retirar los recursos antes de que concluyeran las investigaciones. Con las modificaciones legales recientes, dijo, estos procesos tendrán una resolución más ágil, en un plazo máximo de seis meses.
“Si hubiera una injusticia, se corrige en ese tiempo. Pero mientras tanto, se evita que recursos presuntamente ilícitos sigan operando”, apuntó.
Como respaldo a la efectividad de estas acciones, Sheinbaum informó que, desde el inicio de su administración, se han inmovilizado alrededor de cinco mil millones de pesos vinculados a actividades ilícitas, sin que —aseguró— existan quejas fundadas por parte de empresarios.
Asimismo, destacó que este tipo de mecanismos no son exclusivos de México, ya que en países como Estados Unidos o Italia existen figuras similares, aunque operadas por corporaciones policiales o agencias de inteligencia.
Finalmente, la mandataria reiteró que el objetivo central de esta política es debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada como vía para reducir la violencia en el país.
“La manera más efectiva de combatir a estos grupos es seguir el dinero. Y para eso, el Estado mexicano debe tener las herramientas necesarias”, concluyó.
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